Edición Médica

Isaac Guerrero, abogado en DS Legal Group.

En el ejercicio de la Medicina, el principio de confianza es un pilar fundamental que regula la relación de los profesionales de la salud en sus diferentes funciones acorde a su especialidad, conocimiento y experiencia; además delimita la responsabilidad de cada uno de éstos en actos médicos en los que intervienen varios especialistas. Este principio, ampliamente reconocido en el ámbito del derecho penal y la responsabilidad médica, establece que cada profesional puede confiar en que sus colegas actuarán conforme a la lex artis ad hoc, es decir, siguiendo los estándares y protocolos médicos adecuados.
 
En Ecuador, el principio de confianza tiene especial relevancia debido a la creciente judicialización de la práctica médica. Muchos casos en los que se atribuye responsabilidad a médicos parten de una errónea interpretación de la responsabilidad individual en procedimientos en los que intervienen múltiples especialistas. En este contexto, el principio de confianza establece que cada médico debe responder únicamente por sus propias actuaciones y no por posibles errores cometidos por otros profesionales, salvo que exista un deber de supervisión o dirección entre ellos.
 
Por ejemplo, en una cirugía, el anestesiólogo confía en que el cirujano realizará la intervención de manera adecuada, mientras que el cirujano confía en que el anestesiólogo aplicará los fármacos y monitorizará los signos vitales del paciente correctamente. Si ocurre una complicación derivada de un error anestésico, el cirujano no puede ser automáticamente considerado responsable, siempre que haya actuado conforme a su rol y competencia.
 
El reconocimiento de este principio es clave para garantizar una práctica médica segura y eficiente. Si los médicos temen ser responsabilizados por actos ajenos a su competencia, podrían sentirse forzados a intervenir de manera innecesaria en áreas que no dominan, lo que afectaría la calidad de la atención en salud.
 
En conclusión, el principio de confianza protege a los médicos de una responsabilidad injusta, garantizando que cada profesional sea evaluado en función de sus propios actos acorde a sus conocimientos y experiencia y no de actos de terceros. Su correcta aplicación en el ámbito judicial ecuatoriano es esencial para evitar fallos arbitrarios y para mantener la confianza en el ejercicio profesional de la medicina. Los abogados que defienden a médicos deben argumentar este principio con firmeza para evitar que se vulnere el derecho a una defensa justa y a un juicio basado en criterios técnicos y jurídicos adecuados.
 
En caso de que los profesionales o establecimientos de la salud del sector público o privado requieran asistencia legal o mantengan dudas, desde DS LEGAL GROUP estaremos gustosos de asesorarlos como despacho jurídico especialista en derecho médico a nivel nacional al número de contacto 098 100 1289.