Edición Médica

* César Paz-y-Miño. Centro de Genética y Genómica, Universidad UTE.

Desde el inicio de la pandemia por el virus SARS-COV-2 se han evidenciado una serie de acontecimientos alejados de la ética social y de la moral pública, unos no suficientemente comprobados, y los reales han resultado impactantes. El primero fue la aseveración por parte de una viróloga hongkonesa Li-Meng Yan sobre el origen malicioso del virus. Se acusó a un laboratorio chino de su diseño y diseminación. Luego fue desvirtuada esta teoría por datos genómicos basados en la secuencia de todos los genes del virus. El escándalo llegó a llamarse la teoría de la conspiración. De igual manera destaca la condena de Zhang Zhan, una reportera ciudadana china que cubrió el inicio del brote de coronavirus de Wuhan. Tan fuerte ha sido esta acusación, que el gobierno chino se retractó de la amonestación al médico Li Wenliang que alertó sobre el brote del CoVID19, divulgación de información que debía permanecer secreta.
 
Una cuestión constante en los países, es el ocultamiento de la información sobre la pandemia. En el Ecuador esto se ha sostenido en varias fuentes. Se denuncia a las autoridades del estado y a las del sector salud, porque las cifras oficiales no coinciden con la realidad que se maneja en varios sectores ciudadanos y médicos. Así, el número real de enfermos de CoVID19 y el exceso de muertes, como la letalidad real del virus, el número de muestras represadas, entre otras, crean dudas en la sociedad. Sin cifras reales no se puede planificar política pública en salud. Distanciamiento, confinamiento, vuelta al trabajo, reapertura de instituciones educativas, etc., son decisiones que deben partir de entender la pandemia.
 
Pero el ocultamiento de información llegó más lejos. Por ejemplo, China censuró o más bien exigió a los investigadores que las publicaciones del origen del virus sean reevaluadas por un comité antes de ser publicadas. América Latina no se salvó del uso de la pandemia para criminalizar la libertad de expresión y restringir el trabajo de divulgación de la pandemia y sus pormenores. Se persigue y se persiguió a los denunciantes. Así lo informó el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
 
Sobre los medicamentos para el tratamiento de la CoVID19 hay una serie de denuncias. La Interpol logró detectar 121 personas involucradas en el negocio de la venta de medicamentos falsos; ellos manejaron unos 14 millones de dólares de la estafa. Para América Latina el negocio fraudulento de medicamentos ha generado al menos 30 millones de dólares de ganancias. Se vendieron supuestos medicamentos sin efecto probado como dióxido de cloro, ivermectin, hidroxicloroquina, hasta anticuerpos monoclonales fueron negociados, existen unas 300 marcas de pruebas rápidas de CoVID19 de dudosa eficacia y sensibilidad. En países como Ecuador se ocultaron con fines especulativos medicamentos e insumos para combatir el virus, como mascarillas, alcohol, entre otros, esto generó allanamientos de domicilios, prisiones preventivas y grilletes de seguridad a los implicados.
 
Las estafas de medicamentos y actualmente de vacunas han crecido en un 400 por ciento. El miedo y el desconocimiento de la población son factores de incremento de estos negocios. Venta de refuerzos inmunológicos, de protectores del virus, de curas chamánicas y otras pócimas milagrosas han proliferado en las sociedades. Estas prácticas dañan la reputación de la medicina formal occidental y científica, entre otros problemas confunden síntomas y tratamientos.
 
Junto a la estafa de medicamentos y vacunas, se denunciaron también falsos médicos y personal de salud, que brindaban atención médica sin los permisos ni la formación científica necesaria. Engaños en medicamentos proporcionados, supuestas hospitalizaciones, curas embusteras promovidas por redes sociales, dañaron la acción médica seria y fueron denunciados en algunos países donde existe limitado acceso a la salud social, Ecuador uno de ellos.
 
Pero la violación a la ética y la moral pública involucra a los altos niveles. Sobreprecios en reactivos de diagnóstico e insumos anti CoVID19 son constantemente denunciados. Los fabricantes de las vacunas condicionan a los países para que firmen acuerdos de no responsabilidad sobre efectos secundarios, o que mantengan en secreto los precios de las vacunas y, por supuesto, las ganancias. La Unión Europea denunció estas presiones y contratos secretos. La guerra geopolítica de las vacunas es evidente. ¿Cuál vacuna es la mejor? ¿A quién llegará y a quién no? Lo cierto es que hay al menos 5 tipos de vacunas y la población desconoce el momento que se le vacunará. No hay un plan concreto, la incertidumbre campea y la pandemia sigue, tanto que la OMS advierte de la discriminación de las vacunas y el nacionalismo de las vacunas, lo que determinará un impacto social negativo tremendo, con concentración de enfermos y muertos en los países más pobres.
 
Las vacunas fueron administradas a personas que no estaban en la primera línea de riesgo o recomendación por los expertos. Se manipularon datos, se compraron cupos, se ordenaron inyecciones, como lo denunciaron los medios. No ha pasado aún nada en la justicia ecuatoriana, si por ejemplo en Estados Unidos en donde el FBI localizó y expulsó a vacunados de manera fraudulenta o destituyó a médicos. El Ecuador se escandalizó por la decisión de su Ministro de Salud por vacunar primero a familiares, tanto que la Asamblea Nacional y varios sectores sociales pidieron la destitución del Ministro. Al Ecuador llegaron 4.000 vacunas (2 dosis) sin certeza de a quiénes fueron administradas, lo que deja una duda de las prioridades o intereses. Nadie conoce cuándo llegarán a la población. También se ha sostenido que el programa de vacunación debe ser confidencial, es decir una lista secreta de vacunados, esto crea más incertidumbres sobre la ética de la vacunación.
 
Todos este panorama de irregularidades en el acceso, eficacia, seguridad y prácticas chuecas de la CoVID19 y sus intríngulis, deslegitiman en gran medida el accionar de los gobiernos, crean perplejidades, aprensiones y rebeldía. La práctica médica de esta manera concebida evidencia su peor cara de desigualdad, exclusión, injusticia y ni los gobiernos, ni los políticos, ni los que dicen amar al prójimo, se inmutan antes esta barbarie, mientras la pandemia no da tregua, las vacunas no llegan a los necesitados. Falta tanto por hacer en la moral pública, en la ética social y en las posiciones personales, que parecería que la pandemia afectó la psiquis de las sociedades primando el egoísmo, la consciente o inconsciente lucha por sobrevivir y la indolencia entre humanos.