Edición Médica

*Carlos Terán Puente-Profesor Titular - Facultad Ciencias de la Salud Universidad Estatal de Milagro - UNEMI

Víspera de la navidad en pandemia, el gobierno de Ecuador dispuso un paquete de órdenes para limitar la circulación del virus Sars-Cov-2 en el país, incluyendo la variante nueva. Un nuevo disciplinamiento generalizado, atenuado respecto al de inicio la pandemia y la aceptación de que el país había entrado en fase de transmisión comunitaria. Se impuso un nuevo estado de excepción, toque de queda y ley seca, circulación vehicular restringida, reuniones familiares de diez personas, cierre de playas entre las fiestas de navidad y año nuevo, y prohibición de la quema de monigotes de año viejo.
 
El manejo gubernamental anti-pandemia repite curiosidades e incoherencias. El toque de queda no rige para el transporte pesado e interprovincial, siempre y cuando viajen en cierto horario, por tanto las personas podrán trasladarse libremente entre las grandes ciudades. En ellas también se propaga el virus. Se exige pruebas PCR en los aeropuertos a viajeros para evitar la entrada de la nueva cepa detectada en otros países. A ciencia cierta, que la prueba PCR negativa no garantiza que la persona esté libre de contagio en los días posteriores y que, transmita el virus, entonces como requisito de ingreso al aeropuerto es un saludo a la bandera.
 
El acatamiento de este segundo confinamiento quedó a criterio de los gobiernos municipales. Algunos manifestaron que “serán flexibles”con el control de circulación vehicular, pero llaman a la cordura de la población. En cuanto a las aglomeraciones urbanas, a más de ciertos operativos para la pantalla, poco o nada disminuyeron en los centros urbanos durante los días previos a la fiesta navideña.
 
Nuevamente, el gobierno dispara un confinamiento con ceguera frente a la vida real de más de la mitad de la población que no tiene condiciones materiales para soportar un confinamiento porque debe sobrevivir conglomerándose en las calles, para vender algo, para adquirir lo otro, para refrescarse bajo el sol reverberante o para festejar lo que sea.
 
Un primer tema de salud pública a inventario, es la ceguera institucional estatal que tiene un ojo en la red hospitalaria y provisión de cuidados médicos, otro ojo en las aglomeraciones urbanas que requieren disciplinamiento y represión, y no tiene ningún ojo para la vida comunitaria urbana y rural, para los espacios-tiempos de la vida de las familias donde se forja la salud/enfermedad, desde siempre, no solo en pandemia. Pocos pero muy significativos, son los municipios que desarrollaron estrategias para suplir este vacío que el Estado no ha podido llenar a pesar de haber suscrito la Declaración de Cuidado Fundamental de la Salud (APS, Alma Ata, 1978).

El Ministerio de Salud, antes de navidad, presentó datos más bien optimistas. Aseguró que “la tasa de contagios en el país es baja, en la semana del 11 al 17 de diciembre, solo tres provincias registran un porcentaje mayor a 1… No se registra demanda de camas en ningún hospital, hay disponibilidad de camas”. El mini confinamiento de fin de año buscaría, entonces, mantener este escenario. No se ha explicado cómo el MSP mide la “tasa de contagios”, sin embargo, a menos de una semana de las frases alentadoras, antes del fin de año, hospitales de Quito y Guayaquil han anunciado que sus servicios están a tope. Se presagia un importante incremento de casos y un posible desborde de la demanda de hospitalización y de servicios de cuidado intensivo. 
 
Por lo dicho, en el inventario de la salud pública 2020 en Ecuador, se debe tratar la morbilidad y mortalidad de la pandemia. Con los datos oficiales del MSP resulta que la tasa de morbilidad (casos confirmados y probables) de CoVID19 por 1 millón de habitantes, desde octubre hasta diciembre de 2020, subió de 8.350 a 11.836, es decir, hubo 30 por ciento de incremento. Por otro lado, la tasa de mortalidad por 1 millón de personas en el mismo período, pasó de 693,5 a 793, es decir, se acrecentó 12 por ciento[1].El panorama de la pandemia, desde febrero a diciembre 2020, es más complejo.
 
Las cifras del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos, INEC, señalan que en Ecuador hubo 40.500 personas fallecidas en exceso, entre enero y octubre de 2020[2]. Este dato es inequívoco porque cuenta una a una las papeletas de defunción y compara el número de muertes inscritas (y sepultadas) en 2020, con los promedios anuales de seis años anteriores. En otras palabras, si el promedio anual de muertes en Ecuador entre 2014 y 2019, es 70 mil fallecimientos, el número de muertes en 2020, es más de 107.158 fallecimientos, datos hasta octubre de este año. Resulta entonces que en el año hay 40.500 fallecidos en exceso.De este total, 41 por ciento corresponde a Guayas, 15 por ciento a Pichincha, 7 por ciento a Manabí, 2 por ciento a Tungurahua, entre otras.
 
En consecuencia, en Ecuador hay 27.868 muertes que el MSP no cuenta en su estadística, solo hasta octubre 2020. Es verdad que fallecieron sin diagnóstico, muchos en su domicilio, en las afueras de los hospitales o hasta en la calle. No tuvieron velorio ni funeral y hasta hubo confusión en la entrega de cadáveres. Adicionalmente, no son tomados en cuenta como víctimas de la pandemia. ¿Expiraron por la CoVID19? Es lo más probable. Si no ¿cómo se explica el aumento exponencial de fallecimientos en el año de pandemia?
 
En el inventario de la gestión pública de la pandemia, conviene entregar una explicación coherente a la ciudadanía sobre la mortalidad durante la pandemia. No las cifras que a duras penas ingresa a la estadística sanitaria, sino aquella que cuenta uno por uno los cadáveres. Una explicación que tome en cuenta a los millares de muertos registrados, lo que evidencia la mano libre que tuvo la pandemia en el país desde su inicio y que pone a Ecuador con una de las tasas de mortalidad más alta en el mundo. La capacidad de gestión ministerial y gubernamental, históricamente determinada, fue incapaz de mantener la epidemia controlada en brotes como otros países de la región y del planeta sí lo hicieron. No se trata de personas al frente del MSP sino de la orientación de los gobiernos de turno.
 
Pero no solo hace falta conciliar las cifras. También la línea de tiempo de la morbilidad y mortalidad nacionales. Según lo reportado por el MSP a la Organización Mundial de la Salud, resulta que en Guayaquil nunca hubo la oleada de muerte que sacudió a las familias entre marzo y abril de 2020. El mundo entero sabe, por los medios internacionales que lo documentaron y se hicieron eco, que la pandemia sembró dolor y muerte en el principal puerto ecuatoriano. Todo el planeta lo supo y se condolió, menos la estadística del MSP.
 
Los números oficiales dicen que entre abril y mayo de 2020, los fallecimientos no sobrepasaron los 2 mil casos y que en la última semana de septiembre 2020, hubo 4.112 muertes[3]. Esto contradice las cifras registradas de muertes en Guayas que, solo el 1 de abril 2020, fueron 614 muertes, todas en un solo día. Y el 4 de abril, en Guayas, hubo 634 muertes registradas. En esas semanas, se anotan entre 300 y 500 muertes diarias en la misma provincia. Fueron muertes reales con familias dolientes, con causas probables y papeleta del INEC.
 
Los informes del MSP al mundo de alguna forma, son reportes para la historia, pero resultan un parodia de la situación real. Reflejan un sistema de vigilancia epidemiológica destartalado y sin articulación alguna con la institución que registra las muertes. El problema no es de ahora, son al menos diez años de inoperancia que no se han solucionado (¿se agravaron?) con las reformas de los últimos gobiernos.
 
Inventariar las cifras y los tiempos, los lugares y los cementerios. No cabe dejarlo como un asunto indefinidamente ignorado. La ciudadanía ecuatoriana tiene derecho a que sus instituciones expongan cifras reales, datos fiables, no números maquillados en tamaño, lugar y tiempo. Aunque duela, la verdad de la catástrofe de la pandemia debería quedar grabada. Es un tema de honor institucional, para reparar en algo la confianza en el Estado, en los gobiernos y sus secretarios.
 
El apego a la evidencia de la situación del país en estos temas y en otros tales como: desnutrición infantil, embarazo en niñas y adolescentes, atención de la violencia de género, atención de adicciones en niñez y adolescentes, deberían también ser una cuestión de honor para el ministerio de la salud, instancia gubernamental rectora del sistema sanitario nacional.
 
La vacuna para la CoVID19 o los miles de voluntarios que prueben la vacuna china, no parcharán la deteriorada rectoría de la institucionalidad en salud. Tampoco ofrecerán inmunidad para la indolencia ante el sufrimiento de las miles de familias golpeadas por la muerte en la pandemia e ignoradas por la estadística oficial.
 
Se requiere un inventario de la salud pública ecuatoriana a ras de tierra, abandonando el cómodo imaginario de los funcionarios de turno, comprendiendo que el MSP es una institución pública que debe rendir cuentas transparentes a la ciudadanía. Se debe reconocer que el pobre desempeño no escuestión de individualidades a cargo temporalmente, aunque no dejan de ser responsable, sino como producto de una gestión institucional de al menos, la última década. El inventario debería ser territorial, participativo, con los gobiernos locales, con las organizaciones sociales y comunitarias, con la academia, es decir que debería hacerse como hoy por hoy, NO funciona el sistema de salud. El vendaval electoral tampoco lo permitirá.
 
Un inventario de la gestión pública de la salud en tiempo de pandemia y antes de ella, crisol nada discutible, daría la oportunidad a las todas candidaturas, clubs electorales y acaudalados auspiciantes, comprender lo que requiere la salud/enfermedad en el país, en vez de que todas ellas sigan ofreciendo soluciones rápidas, casi mágicas, centradas en paradigmas superados y modelos inoperantes, pensado en ganar votos con los espejismos de siempre.
 
En inventario de la salud pública 2020 en Ecuador es una cuestión de honor.