Edición Médica

Carlos Terán Puente, PHCM

La gestión y rectoría sanitaria en todo gobierno no son ajenas a los momentos y contextos nacionales y locales, menos aún, cuando el modelo de gobernanza vigente es incompatible con la democracia y los derechos de las personas. En estos días, el Consejo Nacional de Salud, CONASA, firmó un acuerdo interinstitucional para implementar el Plan Decenal de Salud 2022-2030. Por su parte, el MSP ha realizado la presentación del mismo documento a organismos de cooperación internacional esperando que se convierta en política de Estado. Vísperas de un forzado fin de gobierno ¿qué horizonte tiene este plan?
 
La gestión de salud y el plan decenal se desarrollan en un tiempo de alto conflicto social y político, con una administración gubernamental dislocada, con elecciones anticipadas y una grave e inmanejable crisis de seguridad. La extorsión y el sicariato caminan libres por las calles. Se multiplican atentados, amenazas, asesinatos que incluyen a ciudadanos, autoridades, alcaldes y a un candidato presidencial mientras contaba con custodia de la fuerza pública. El enésimo estado de excepción en este gobierno difícilmente podrá garantizar la paz y seguridad. Las causas de fondo permanecen intactas, indemnes.
 
En este escenario se publicita el plan decenal de salud con extensos y complejos objetivos tales como, la equidad en salud, la promoción, salud preventiva, atención de calidad y sistema sanitario integrado y eficiente. Son enunciados de indiscutible validez. La inequidad en la salud es galopante e inaceptable. La promoción y prevención tienen innegable importancia. La desatención sanitaria para la población empobrecida es el denominador común. La inexistencia de un sistema nacional es obvia. Entonces, ¿el plan decenal podrá responder al desastre que agobia a la salud colectiva?
 
Los problemas de salud-enfermedad de la población de cada cantón y provincia tienen denominadores comunes, pero no son homogéneos, el plan sanitario debe ser coherente con esos matices y diversidades. También, debe ser pertinente con la situación de la red de servicios públicos de salud, única garantía de acceso para la empobrecida mayoría. Por ahora, ante la necesidad y la urgencia, la ciudadanía debe aguantar las costosas tarifas comerciales de atención privado. Desde luego que otros, los menos, viajan expeditos a otro país a recibir atención médica vip, sin correr el “riesgo” de acudir a un hospital público ni a los médicos criollos.
 
La utilidad social del plan decenal, con sus aciertos y vacíos, depende de su entrega territorializada a la ciudadanía y de sus organizaciones, a los gobiernos parroquiales, municipales y provinciales, en definitiva, al tejido social ecuatoriano. Su contenido podría guiar procesos participativos, efectivos y reales de respuesta a las condiciones de vida de la población, a los efectos del cambio climático o del fenómeno del niño. Esta perspectiva territorial y participativa, sin embargo, es el lado oscuro del plan. El largo proceso de elaboración, la demorada expedición y la convocatoria tardía a compromisos interinstitucionales, son signos poco alentadores. La elaboración del documento comenzó en 2021, se expidió en 2022 y recién, en 2023, poco antes del fin del actual desgobierno, se lo desempolva para que instituciones nacionales y organismos internacionales lo apoyen.
 
La planificación sanitaria debe ser la respuesta social, política y financiera -real y efectiva- a millones de historias de vida–salud–enfermedad- de las familias de todos los rincones del país, en especial de quienes sobreviven con sus necesidades básicas insatisfechas, con déficit de servicios básicos, en desempleo y sin servicios de salud pública cercanos, oportunos, abastecidos y de calidad. Esta lacerante situación es el espejo y es la prueba de validez del plan decenal.
 
Sin anclaje territorial y poblacional como hasta ahora, el plan no será brújula sanitaria y pasará al archivo de vacíos para la salud pública de la misma forma que los publicitados y sucesivos programas de eliminación de la desnutrición infantil: “desde 1993, Ecuador ha llevado adelante alrededor de 12 programas relacionados con salud y nutrición, pero la curva de la DCI en menores de cinco años casi no se ha movido. Entre 2014 y 2018, incluso incrementó de 24,8 por ciento a 27,2 por ciento en niños menores de dos años y a uno de cada cuatro menores de cinco años en el Ecuador” (UNICEF, 2023).
 
El plan decenal se viabiliza en una estructura y modelo de administración pública autocentrada, algorítmica, enredada en el laberinto administrativo, excluyente de la participación social territorial, encuadrada en una estructura zonal inoperante. Gestión que no comprende o no le importa, la brecha creciente entre oferta y demanda de servicios públicos de salud para la población de escasos recursos económicos. El Estado ha abandonado su rol como garante de los derechos humanos a la salud. La publicidad de programas sanitarios -medio verdades y medio fábulas- referidos a temas puntuales, no resuelven la desatención de primer nivel y la necesidad insatisfecha de cuidado especializado que sufre la mayoría de la población.
 
Para el próximo y corto gobierno, la desesperanza pinta el horizonte. Ninguna de las candidaturas ha demostrado comprensión de la crisis sanitaria nacional. La reducen a dotación de medicinas, de personal y a la situación crítica de los hospitales y la corrupción que los corroe. Ninguna candidatura ha reconoce la urgencia de construir un sistema nacional de salud cimentado en una red de cuidado integral de salud desde la comunidad rural y urbana. Sus propuestas se aferran al enfoque biomédico y hospital-céntrico, empresarial y privado, predominante en los gobiernos desde inicios de este siglo. Las candidaturas muestran la irresponsable ingenuidad de pensar que “con 10 médicos ayudando al ministro se mejorará la salud” o, que la “adquisición centralizada de medicinas” es la solución a la salud. Sin duda, la dotación de medicinas esenciales es uno de los graves pendientes, pero solamente es uno de ellos.
 
El plan decenal será una política de Estado cuando la sociedad en su conjunto, gobiernos locales y sociedad civil se hayan apropiado de sus objetivos y metas, multiplicando planes locales pertinentes a cada localidad. Aportando en la construcción de la democracia desde la rectoría del MSP. Si no es así, permanecerá en el éter de lo impracticable, en discurso de ocasión y propaganda, corroborando la desesperanza y la inopia, la inutilidad social.
 
Ecuador necesita un sistema sanitario nacional en función del derecho de las familias empobrecidas de cada parroquia y cantón, levantado con una perspectiva sistémica, territorial, intercultural, participativa. El tejido social barrial, parroquial, cantonal, sus organizaciones e instituciones locales, no pueden estar fuera de la deliberación y gestión de la salud. La participación social efectiva reconoce y valora a los territorios/poblaciones como gestores de su vida, es gestión sanitaria en función del derecho humano.
 
“Magna res non est res, sed procuratio”, lo importante no es lo que se hace, sino la forma de hacerlo, los procesos y los actores. Participación social en salud es una forma de hacer gestión pública que permanece como tarea pendiente en el país.