Edición Médica

Carlos Terán Puente. PHCM
 
Juan Carlos, ciudadano ecuatoriano, experto agricultor, dedicado padre de familia. Una fractura de cadera puso su vida entre paréntesis. Dolorido y esperanzado acudió al hospital público de su cantón. Con el diagnóstico en la mano, clínico y radiológico, permaneció ocho días recostado en la rígida camilla de emergencias. No había un hospital que pueda recibirle para el tratamiento que requería. El caso llegó de manera extraoficial a los oídos de un alto funcionario del MSP. Por su sensibilidad y buenos oficios, inmediatamente se dio la transferencia, internamiento y cirugía en un hospital de Quito.
  
El presidente ecuatoriano, por otro lado, sufrió una fractura de peroné y en pocos minutos, fue ingresado y operado en una clínica privada. Ya recuperado de esa lesión, a las pocas semanas, presentó un cuadro febril, fue inmediatamente tratado en un hospital de tercer nivel, estuvo en la unidad de cuidados intensivos y dado de alta en pocas horas. Al mes de esto, viajó a una clínica en el exterior para ser intervenido quirúrgicamente.
 
Las dos historias son el rostro de la desigualdad que impera y se acrecienta en la sociedad ecuatoriana. La una, anónima y silenciosa, se multiplica por miles a lo largo y ancho del país. Ciudadanía postergada en el agendamiento para dolencias menores o para atención especializada en el MSP o el IESS. En cambio, el acceso presidencial refleja la situación cotidiana de las minorías privilegiadas, empresarios, banqueros y sus círculos. ¿Verdad de Perogrullo? Sí, porque la desigualdad es inmoral e inaceptable dado que corrompe el derecho a la salud y hace trizas la cacareada democracia.
  
Sin embargo, es más sorprendente la percepción social de la desigualdad. La indiferencia emerge ante la injusticia social. Los medios no se mosquean y prefieren mirar a otro lado. Desde los tiempos de la colonia, se la mira como el “orden natural”. La primera constitución republicana la consagra. Por un lado, la analfabeta multitud plebeya despojada, y por otra, la minoritaria rancia oligarquía privilegiada. La percepción general admite la desigualdad como inevitable y “natural”. La mayoría está obligada a estacionar su derecho a la salud en las desvencijadas salas de un establecimiento público. La minoría es cuidada de inmediato en salas bien equipadas. Esta situación es caracterizada por Noam Chomsky como el triste estado de la justicia social en el capitalismo realmente existente que, aunque se autonombre democracia, es radicalmente incompatible con la democracia. La inequidad social es un resultado de la estructura productiva, financiera y de la imperante distribución de la riqueza. La tremenda desigualdad propia del libre mercado, amerita un compromiso de la sociedad entera para superarla.
  
El plan decenal de salud 2022-2023 es acertado al ubicar, como primer objetivo nacional, la equidad sanitaria y, junto con todo su contenido, debería ser una política de Estado, tal como el ministro del ramo propone. El logro de la equidad sanitaria requiere un esfuerzo que rebasa las competencias del MSP y que corresponde al conjunto de actores sociales comprometidos con la salud y la vida.
  
La construcción de políticas de Estado en salud o educación ha permanecido huérfana en la historia republicana. En cada administración gubernamental prevalece la mirada corta e inmediatista, populista o autoritaria, del gobierno de turno que, proclama que todo lo anterior estuvo mal, insuficiente y corrupto. Que todo lo que se vendrá es mejor, único y valioso. En cada gobierno se oferta bienestar y promesas que naufragan ante los intereses de los grupos económicos que ganan la lid electoral y aúpan a quien triunfa y administra lo público.
  
Una política de Estado para el cuidado integral de la salud debe ser asumida como una necesidad estratégica. Lamentablemente, la orientación de las políticas cambia con cada ministro. Basta examinar los enfoques de la gestión sanitaria entre 2007 y 2010 y luego, entre 2010 y 2012, o entre 2014 y 2017, con diferentes titulares del MSP del mismo gobierno. Más aún entre 2017 y 2023. Priman: el recorte presupuestario, la precariedad del talento humano, la obesidad institucional, la inercia y los fines propagandísticos. Tener una política estatal significaría superar los mega intereses empresariales que inciden en lo público y cultivar la voluntad de levantar un sistema sanitario que garantice este derecho humano para el pueblo en general y no solo para quien dispone de ingentes recursos económicos.
  
La Constitución atribuye la rectoría sanitaria a la función ejecutiva. Por ello, el MSP está llamado a impulsar la consecución de una política sanitaria de Estado. El ministro de salud ha propuesto que el plan decenal, elaborado con participación de cientos de personas, diversas instituciones y apoyo de organismos internacionales, sea la base para el proceso. El MSP lo ha presentado a instituciones de interés nacionales e internacionales y solicita a los médicos que se apropien del plan. Pero, es necesario considerar que el gremio es un heterogéneo conglomerado de individuos y emprendimientos micro y macro empresariales con motivaciones y visiones no siempre coincidentes con una función social sin fines de lucro. Cada uno empuja la barca hacia su propio puerto.
  
Sería posible transitar hacia una política de Estado si el rector sanitario orientase un proceso social, técnico y político coherente con el tejido geodemográfico del Ecuador, considerando los espacios provinciales - cantonales – parroquiales, que han sido y son los territorios históricos del devenir productivo, administrativo y comunitario de la población.
  
Objetivamente, aparecen escollos. La alta gerencia del MSP -el ministro y todo su amplio equipo, incluyendo el vicepresidente- cuentan con una gerencia estratégica (coordinaciones zonales) dislocada y desarticulada de la arquitectura social. La gerencia operativa (direcciones distritales) ha permanecido maniatada, mermada en talento humano y sujeta al vaivén del manejo político, sumida en el llenado de matrices por docenas y sin real conexión con la comunidad en sus territorios. De hecho, hay excepciones. Cabe dudar de que haya condiciones para procesos fluidos de participación social dirigidos a la planificación sanitaria.
 
Con el próximo gobierno, el panorama tampoco es favorable. Las candidaturas de segunda vuelta en 2023, adolecen de miopía en salud pública. Afirman que reforzarán hospitales, dotarán de medicinas y de personal a los establecimientos públicos. Hay voces, desde la candidatura empresarial, en el sentido que el Estado no debe garantizar los derechos a salud y educación, lo cual es inaceptable. En lo esencial, ambas candidaturas repiten ofrecimientos basados en el paradigma hospital-céntrico, medicalizado y biologista, lejano al cuidado integral de la salud para todas y todos.
 
¿Podrán las presidenciables comprender que la mayoría de la población carece de cobertura cercana y oportuna para prevención, atención y promoción de salud?
¿Podrán sopesar que la red de servicios de primer nivel ha estado abandonada a su suerte desde hace dos décadas y que hay cientos de miles de familias sin una mínima unidad o equipo de salud cercano?
¿Podrán reconocer que la salud no se gana ni se pierde en los hospitales, sino en la cotidianeidad de trabajo o desempleo, de vivienda, servicios básicos, recreación y educación?
¿Cuál será la mirada de estas candidaturas respecto al plan decenal de salud 2022-2030?
 
Los gobiernos autónomos descentralizados, las universidades, los diversos gremios y las organizaciones locales, en conjunto y desde las necesidades y perspectivas propias y específicas de cada territorio, enmarcadas en objetivos sanitarios nacionales y en el derecho a la salud para todos y todas, constituyen los afluentes para levantar y mantener una política democrática de Estado que no esté al vaivén de cada gobierno.
 
Sin participación social no se avizora que el plan decenal se convierta en una política de Estado, la posibilidad, hoy por hoy, permanece lejana.