Empresarios no pueden cumplir decreto 1033 y anticipan posible desabastecimiento de medicamentos
Evitaron determinar un plazo del posible desabastecimiento en el sector público
Miércoles, 12 de agosto de 2020, a las 17:44
Roberto Aspiazu del Comité Empresarial y Cristina Murgueitio de ASEDIM.
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Cristina Coello. Quito
El Comité empresarial Ecuatoriano y la iniciativa ‘Juntos por la Salud’, que agrupa a la industria farmacéutica e importadores de insumos médicos, han anticipado un
posible desabastecimiento de medicamentos ante la cercanía de la ejecución del decreto 1033, que les obliga a establecer un plan de trazabilidad que no pueden cumplir.
En una conferencia de prensa virtual,
Cristina Murgueitio, directora ejecutiva de la Asociación Ecuatoriana de Importadores y Distribuidores de Productos Médicos (ASEDIM) ha recordado que el
nuevo modelo de gestión de fármacos e insumos para la Red Pública Integral de Salud (RPIS) establecida por el gobierno debía aplicarse en 6 meses, lo “cual
es imposible” de cumplir.
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Uno de los problemas que enfrentan los proveedores es que en un corto plazo se les obliga a
cambiar sus códigos unidimensionales a bidimensionales en todos los productos del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos-CNMB (alrededor de 400 ítems) y del listado de bienes estratégicos (3.100 dispositivos médicos).
“Se le
traslada al sector privado la exigencia de invertir para generar este código bidimensional, lo cual implica entre 100 y 150 mil dólares por línea, cuando tenemos serios problemas de liquidez en el sistema de salud para pagar a los proveedores”, ha reclamado Murgueitio.
Pero lo más grave, ha insistido la directora, es que
existe una confusión entre trazabilidad, gestión y control de inventarios. “De hecho, la implementación de ese código hará que la industria no lo pueda hacer y deje de traer medicamentos y dispositivos al país. Es uno de los riesgos más grandes del proyecto” gubernamental, ha anticipado.
Sin embargo,
Roberto Aspiazu, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano ha aclarado que la industria ya tiene trazabilidad en sus productos (código de barras) y el problema con
la corrupción en la compra y distribución de medicamentos en realidad
está en la gestión hospitalaria.
“Nosotros ya tenemos trazabilidad. Desde las plantas productoras (fuera del país) ya nos envían el producto con ese código y sabemos exactamente dónde entregamos el lote, tanto en el sector público como en el privado. El
problema está cuando el producto cruza la puerta de la bodega del hospital y allí es donde las autoridades deben ejercer el control y trazabilidad”, ha insistido Murgueitio.
Los dos directivos han reiterado que el problema es la gestión hospitalaria y las modificaciones establecidas en el Decreto 1033 “no
son una solución real a la corrupción y la fuga de recursos en los hospitales públicos”.
La propuesta
Por ello han planteado que para aplicar una trazabilidad en los medicamentos primero se debe establecer la
receta electrónica y la historia clínica única en el sistema de salud.
Pero si el gobierno insiste en la trazabilidad usando códigos bidimensionales, los empresarios han sugerido que
primero se aplique un piloto de transición con el 5 por ciento de los medicamentos del CNMB en los próximos seis meses, y para los dispositivos se ha solicitado que se tomen en cuenta los estándares internacionales de identificación única.
Según ellos después de implementar el piloto, sobre todo con los fármacos de mayor precio o para enfermedades catastróficas, habrá que
realizar una validación para medir la factibilidad y ejecución, y luego progresivamente incluir más productos.
De no lograr un acuerdo, “lo que va a suceder es que la subasta inversa corporativa (planeada para fin de año)
no tendrá suficientes oferentes, porque sencillamente no habrá forma de cumplir con esa trazabilidad” y por tanto, no habrá medicamentos en la RPIS.
“En todo caso, hay que destacar que
está abierto un espacio de diálogo con las autoridades. Debemos encontrar una solución ya que compartimos los objetivos generales de conseguir medicinas a precios razonables y que lleguen a todos los centros de salud (mas de 3.000) en condiciones adecuadas”, ha sostenido Aspiazu.