Edición Médica

Operativo de control.

Redacción. Quito
Como parte del fortalecimiento del control a los centros de tratamiento de adicciones que funcionan al margen de la ley, el equipo técnico de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS) de la Zona 9 se ha trasladado hasta la parroquia de Conocoto, en la ciudad de Quito, tras recibir una denuncia ciudadana sobre un centro donde presuntamente varios pacientes eran maltratados y se encontraban retenidos a la fuerza.
 
En algunos casos los pacientes llegaban esposados para proceder a su internamiento de forma forzada, ha informado.
 
Junto al Ministerio de Salud Pública (MSP), la Agencia Metropolitana de Control y la Policía Nacional, se ha inspeccionado el lugar, donde cada institución ha actuado acorde a sus competencias.
 
La ACESS ha detectado que la infraestructura no cumplía con los parámetros establecidos en la normativa sanitaria vigente. Además, se ha evidenciado la presencia de rejas en puertas y ventanas, mientras que en las habitaciones no existía el número de camas necesario para el descanso de los pacientes, evidenciando condiciones de hacinamiento.
 
35 personas ha sido encontradas en el centro, de las cuales 5 eran menores de edad. Hombres, mujeres y menores convivían en el mismo ambiente y recibían atención en modalidad de internamiento sin respetar la normativa de contar con espacios diferenciados e independientes para cada grupo etario.
 
También se han encontrado medicamentos, insumos, historias clínicas, contratos y facturas de pago de servicios, pero no se observó ningún indicio de la presencia de personal de salud calificado para la atención, como trabajador social, enfermero/a, médico general, médico especialista en psiquiatría, entre otros.
 
Según Melanie Grijalva, directora Zonal 9 de la ACESS, el establecimiento no cumplía con los protocolos de higiene, salud y seguridad para los pacientes, falta de un programa terapéutico para el tratamiento integral e individualizado.
 
Ante esto, los pacientes han recibido evaluación médica y psicológica por parte del personal de salud de la Coordinación Zonal 9 del MSP, mientras que la Policía Nacional ha entregado a los menores de edad a sus padres y/o representantes.
 
Ante la vulneración de derechos y el incumplimiento a la ley, la ACESS ha colocado los sellos de clausura como medida de protección para salvaguardar la salud, integridad y seguridad de los usuarios.

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