Edición Médica

En Ecuador el acceso al aborto terapéutico es casi imposible.

Redacción. Quito
El Comité de Derechos Humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) ha condenado a Ecuador y Nicaragua por los casos de niñas entre 12 y 13 años que quedaron embarazadas tras sufrir violaciones y ha concluido que maternidad forzada vulneró sus derechos
 
“Obligar a las niñas víctimas de violación a sufrir embarazos no deseados es más que negarles el derecho a decidir; es una violación del derecho a la vida digna, un acto que equivale a tortura y una falta de protección de unas de las más vulnerables”, ha declarado Hélène Tigroudja, miembro del Comité.
 
Así mismo ha reclamado que estos casos no fueron investigados por los respectivos países y tampoco tomaron medidas contra los perpetradores. La falta de acción fue calificada por el Comité como “una omisión del Estado Parte en relación con su obligación de ejercer un deber reforzado de protección en el caso de una niña víctima de violencia".
 
Cabe recordar que la niña en Ecuador tenía 13 años cuando quedó embarazada como resultado del incesto perpetrado por su padre, quien anteriormente había violado a otras niñas de la familia y había sido denunciado a las autoridades por esos delitos.
 
El organismo ha recordado que, en Ecuador, “el acceso al aborto terapéutico es casi imposible en la práctica, a pesar de su disponibilidad legal para proteger la vida y la salud de las mujeres embarazadas”. La menor se vio obligada a llevar su embarazo a término y dar a luz a un niño nacido del incesto. A pesar de su clara y expresada voluntad de entregar a su hijo para que fuera criado por miembros de su familia, fue mal informada sobre las opciones de adopción y terminó viéndose obligada a criar al niño en la pobreza y sin acceso a la educación.

En el caso de Nicaragua el aborto está totalmente prohibido y penalizado tanto para las mujeres embarazadas como para el personal de salud que lo habilita y el comité dos casos de niñas de 12 y 13 años violadas.
 
Violaciones de los derechos humanos
 
El Comité ha explicado que estos países incumplieron con el artículo 6 del Pacto Internacional, respecto al derecho a la vida. Dicho artículo no puede entenderse adecuadamente si se interpreta de manera restrictiva, ya que este también se refiere al derecho de poder disfrutar una vida digna.
 
Tigroudja ha explicado que "los Estados Partes deben tomar todas las medidas necesarias para hacer frente a las condiciones sociales que puedan amenazar el derecho a la vida o impedir que las personas disfruten de su derecho a la vida con dignidad, en particular en el caso de las niñas”.
 
Además, en estos casos “las violaciones de derechos humanos por omisión también incluyen la falta de adopción de las medidas necesarias para lograr la plena realización del derecho de estas niñas a la salud sexual y reproductiva, así como la falta de promulgación y aplicación de las leyes pertinentes”, ha añadido Tigroudja.
 
Asimismo, el Comité ha concluido que ambos países también violaron el artículo 7, el cual prohíbe la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; refiriéndose tanto al dolor físico como a la moral.
 
Las tres menores han sufrido altos niveles de angustia, causados tanto por el abuso sexual, como por el embarazo no deseado. Además, “particularmente a esta temprana edad, el estigma dentro de la comunidad y la carga emocional y financiera de criar a un niño nacido de una violación en una situación de pobreza”, ha aclarado Tigroudja.
 
Exigen reparación de daños
 
El Comité también ha pedido a Ecuador y Nicaragua que adopten medidas para reparar los daños causados por estos embarazos forzados y las resultantes maternidades forzadas. También, por el impacto en los planes de vida de las tres niñas, así como para garantizar el acceso a la educación y a la atención psicológica de los niños y niñas nacidos de violencia sexual.
 
El Comité ha destacado la absoluta necesidad de combatir la violencia sexual, proporcionar a las niñas educación de salud sexual y reproductiva necesaria para identificar la violencia sexual y los embarazos. Además, se debe garantizar que todas las niñas víctimas de violencia sexual tengan acceso efectivo a los servicios de aborto.

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