Edición Médica

Virginia Gómez de la Torre, Sinchi Gómez, Angelica Porras y Rocío Lucero.

Cristina Coello. Quito
Representantes del movimiento de mujeres han presentado una ‘Acción de incumplimiento’ al considerar que el veto del presidente Guillermo Lasso al proyecto de Ley que regulaba el aborto por violación, desacata a la sentencia de la Corte Constitucional.
 
Virginia Gómez de la Torre, directora de Fundación Desafío, ha considerado que el veto “fue elaborado con el espíritu de obstaculizar el acceso al aborto por violación”, un derecho que ya fue despenalizado en una sentencia de la Corte Constitucional en el 2021.
 
“El presidente ya incumplió porque presentó un veto criminal, antiético, que humilla a las mujeres, que promueve la muerte y la corrupción, además de vulnerar los derechos”, ha manifestado Gómez de la Torre, quien recalcó que la sentencia de la Corte obligaba a la Asamblea Nacional y al gobierno a elaborar una Ley que proteja a las víctimas de violencia.
 
Angelica Porras, abogada y miembro de Acción Jurídica Popular, ha explicado que el veto presidencial trastoca el sentido de la protección y reparación, es decir “incumple todos los parámetros establecidos en la sentencia de la Corte Constitucional”, que ya despenalizó el aborto.
 
Porras ha señalado que esa sentencia contenía una autoaclaración que impedía se obstaculice el acceso al aborto a través de la ley. En ese sentido ha rechazado que el presidente exija a las mujeres violadas una denuncia penal o una declaración juramentada ante un notario y un examen médico legal previo al aborto.
 
“Eso está prohibido porque obstaculiza el acceso al aborto. Pensemos que las niñas y adolescentes son violentadas en su entorno familiar, no van a realizar una denuncia y nuevamente acudirán a abortos clandestinos”, exponiendo su vida, ha criticado la abogada.
 
Los movimientos de mujeres han considerado que el veto “tiene la opinión personal del presidente” y por tanto las criminaliza.
 
“Nuestra acción es de incumplimiento porque el presidente incumplió en el veto los estándares de la Corte Constitucional”, ha explicado Porras, quien además ha mencionado que en el trámite judicial se incluyó una medida cautelar para suspender los plazos ya vigentes, en un intento por impedir que ingrese por el ministerio de la Ley.
 
Sinchi Gómez, una de las voceras de esta alianza de mujeres, ha asegurado que seguirán impulsado una “Ley justa y reparadora. La Asamblea votó una ley que todavía tenemos críticas, pero este veto promueve la revictimización”, ha añadido.
 
Según la activista, continuarán con movilizaciones y acciones de protesta, pues “la opinión personal de un presidente puede estar atentando contra la vida y dignidad de las víctimas de violación, algo realmente grave y regresivo para los derechos de nuestro país”.
 
Rocío Lucero, de la Coalición de Mujeres, ha dicho que las activistas están en resistencia a lo largo del país y aseguró que “no toleraremos la arbitrariedad, el autoritarismo por parte del presidente”, a quien le exigieron respetar la Constitución y “las garantías establecidas para las mujeres y niñas ecuatorianas que son parte de una lucha histórica de más de cuatro décadas”.

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