Edición Médica

Representante de las organizaciones civiles.

Redacción. Quito
La Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador en conjunto con diversas organizaciones del movimiento de mujeres del país han presentado una demanda de inconstitucionalidad al artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual expresa claramente que abortar es un delito.
 
Esto es una contradicción y una vulneración a la libertad y autonomía reproductiva de las mujeres que garantiza la Constitución en el artículo 66, que reconoce y garantiza a las personas el derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener.
 
Este artículo define que las mujeres con embarazo no deseado y que deseen interrumpirlo, lo podrían hacer basadas en este artículo. En este sentido, el Ecuador no garantiza los derechos de libertad que también incluyen el reconocimiento de que todas las personas nacen libres (artículo 29), han señalado.
 
Para estos colectivos, se debe garantizar el acceso a una interrupción voluntaria del embarazo de forma segura y legal, en el marco el respeto a los derechos humanos y la igualdad de género, debe ser garantizada. Sin embargo, en el país los derechos sexuales y reproductivos están condicionados por la situación económica, social, de género y étnica de las personas.
 
Por ejemplo, según datos del Plan de Salud Sexual y Salud Reproductiva, el 7.8 por ciento de las mujeres entre 15 y 19 años que se embarazaron fue con una persona de 30 años o más. La violación y la maternidad forzada frustran el proyecto de vida y restringe su educación.
 
Asimismo, la falta de un plan de educación en salud sexual y reproductiva es visible en las altas tasas de desconocimiento de métodos anticonceptivos modernos, el 88.5 por ciento de mujeres en zonas rurales tienen menos acceso a información sobre estos.
 
En 2022 el Ministerio de Salud Pública (MSP) señaló que hubo 101 muertes maternas, entre ellas una niña de 10 a 14 años, 13 adolescentes de 15 a 19 años y 28 jóvenes de 20 a 24 años. De estas, el 18.81 por ciento son muertes de mujeres indígenas y el 8.91 por ciento de mujeres afroecuatorianas. Mientras que 13 de estas muertes tuvieron relación con aborto en condiciones inseguras.
 
Adicional, según un estudio del MSP, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública de México, UNFPA-Ecuador y Sendas, cada año Ecuador pierde 448 millones de dólares debido a embarazos no deseados. También gasta cerca de 5 millones de dólares por año en brindar atención a complicaciones relacionadas con abortos inseguros.
 
Un aborto no punible tiene un costo para el Estado de 160 dólares, mientras que atender las consecuencias de un aborto inseguro le cuesta al Estado 232 dólares.
 
Asimismo, en 2019 Human Rights Watch consultó 148 casos procesados penalmente por aborto.del período entre 2009 y 2019, de los cuales son 120 mujeres y niñas, 20 acompañantes y 8 proveedores de la salud.
 
Frente a estas cifras, la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador en conjunto con otras organizaciones del movimiento de mujeres del país, le piden a la Corte Constitucional que despenalice el aborto totalmente, puesto que no sirve tener tres causales para abortar que se cumplen a medias.
 
Es desproporcionadamente injusto que una mujer que decide abortar sea encarcelada y, a la vez, es desproporcionado obligarla a abortar en condiciones de riesgo o a continuar con un embarazo que no desea. “El aborto legal y seguro debe ser una prestación más de salud pública”.
 

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