Edición Médica

Representantes de 15 países.

Redacción. Quito
Con el objetivo de abordar la propagación de enfermedades transmisibles en las cárceles, países de América Latina han analizado acciones para eliminar VIH, tuberculosis, hepatitis B y C, sarampión y difteria en entornos de privación de la libertad.
 
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha señalado que el hacinamiento, la violencia y las dificultades de acceso a servicios de salud agravan la situación de estas enfermedades en las cárceles, por lo que en colaboración con el Ministerio de Salud de Brasil se ha organizado una reunión regional en São Paulo, donde participaron responsables de los Ministerios de Salud, Justicia e Interior de 15 países de la región, además de expertos, investigadores, organizaciones internacionales y miembros de la sociedad civil.
 
Las personas privadas de la libertad están desproporcionadamente afectadas por enfermedades transmisibles, especialmente por VIH y tuberculosis. En las Américas, las tasas de tuberculosis en la población carcelaria son 50 veces mayores que en la población general.
 
“Las personas en prisiones tienen 7.2 veces más probabilidades de vivir con VIH que los adultos de la población general. Aunque tenemos datos limitados, se estima que alrededor del 15% de la población penitenciaria total sufre de hepatitis C; el 4.8 por ciento de hepatitis B crónica; y el 2.8 por ciento de tuberculosis activa. Las personas privadas de libertad son una muestra representativa de la sociedad en general. Es aquí donde podemos encontrar estos temas tan importantes para abordar. Es una población muy desatendida”, ha detallado Andrea Boccardi, directora y representante del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/sida (UNAIDS) en Brasil.
   
En el encuentro hubo representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Uruguay, quienes debatieron sobre los desafíos que enfrentan los países de América Latina con respecto a la propagación de enfermedades transmisibles dentro de las prisiones y compartieron experiencias y estrategias que han sido exitosas en diversas naciones, ha indicado la OPS.
 
“Las prisiones en América Latina y el Caribe albergan a millones de personas, muchas de ellas provenientes de entornos altamente vulnerables. Además de la vulnerabilidad preexistente, enfrentan hacinamiento, violencia, estigma y barreras para acceder a servicios de salud”, ha manifestado Mónica Alonso, jefa de la Unidad de VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales y Tuberculosis de la OPS.
 
Esta situación favorece a la propagación de enfermedades transmisibles como VIH, tuberculosis, hepatitis C y otras prevenibles por inmunización, como hepatitis B, sarampión, influenza y difteria. Pero, estas enfermedades no solo afectan a las personas privadas de libertad, también lo hacen a quienes trabajan en las prisiones, a las personas que entran y salen de estos entornos, a los niños y a la comunidad en general, ha agregado.
 
De acuerdo a cifras de la OPS, en América del Sur y Centroamérica están creciendo rápidamente las tasas de encarcelamiento. En 2021 había más de 11 millones de personas privadas de libertad a nivel global, el 32 por ciento se encontraba en las Américas. Además, existen evidencias crecientes de que los brotes de enfermedades transmisibles en las prisiones afectan tanto a la población carcelaria como hacia el exterior.
 
En este contexto, Cíntia Rangel Assumpção, coordinadora general de Ciudadanía y Alternativas Penales de la Secretaría Nacional de Políticas Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, ha enfatizado que la eliminación de enfermedades transmisibles en las cárceles requiere un enfoque intersectorial y multidimensional, que no solo se aborde la atención en salud, también la mejora de las condiciones penitenciarias.
 
“Necesitamos trabajar en cuestiones como el hacinamiento, la falta de condiciones mínimas para la custodia de estas personas, que son factores que contribuyen a la propagación de las enfermedades. Es urgente que tengamos, como sociedad, el valor de enfrentar estos temas y hablar sobre el acceso universal a la salud. Las personas privadas de libertad deben tener acceso a diagnóstico temprano, tratamiento adecuado y seguimiento continuo, sin ninguna discriminación o estigma”, ha sostenido la experta.
 
Por este motivo, la OPS ha presentado las directrices que ha elaborado para los países con el fin de eliminar la tuberculosis, el VIH, las hepatitis y la sífilis en las cárceles, y se han discutido las acciones de inmunización recomendadas para esta población.
 
Además, ha presentado a los representantes de los países una herramienta para mejorar la salud y el bienestar de las personas privadas de libertad desde una perspectiva de derechos humanos, subrayando que pueden contar con el apoyo de la organización para su implementación.
 
Finalmente, se han definido los próximos pasos para avanzar en esta agenda, entre ellos la creación de un grupo regional de trabajo técnico, la implementación de una herramienta de microplanificación de vacunación en las prisiones con apoyo de la OPS, y el fortalecimiento de la cooperación intersectorial y las acciones con la sociedad civil para promover la defensa de los derechos de las personas en situación de encierro.
 

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