Edición Médica

Isaac Guerrero, abogado del Departamento Procesal de DS Legal Group.

Redacción. Quito
En el Ecuador es común que las denuncias judiciales o penales en contra de profesionales de la salud por supuesta mala práctica se hagan mediáticas, generando un prejuzgamiento previo al proceso investigativo y antes de que haya una sentencia en firme. ¿Qué tanto afecta esta situación al desarrollo del caso?
 
Para responder esta interrogante, EDICIÓN MÉDICA ha conversado con Isaac Guerrero, abogado del Departamento Procesal de DS Legal Group, despacho jurídico especializado en Derecho Sanitario, quien ha analizado esta situación inclusive desde la experiencia internacional.
 
“La opinión pública manejada a través de los grandes medios de comunicación, sin duda representan una gran presión para las autoridades encargadas de investigar y administrar justicia”, ha asegurado.
 
¿Qué se entiende por vulneración de los derechos del profesional de la salud?
 
La vulneración de derechos es cualquier trasgresión a los derechos y principios fundamentales de las personas, en el caso particular del personal sanitario estas transgresiones provienen de los particulares y sorprendentemente inclusive de parte del Estado en sus diversas áreas.
 
¿Qué derechos suelen ver vulnerados?
 
Entre la gran gama de derechos que poseen los profesionales sanitarios podemos detectar claramente los derechos que son vulnerados con mayor frecuencia:
 
1.- Por parte de particulares: el derecho a la honra y buen nombre. Debido a que un sinnúmero de particulares, en muchos casos sin razón técnica científica alguna, que se sienten descontentos con el resultado de un tratamiento médico, levantan denuncias sin fundamentos contra el profesional de la salud que pueden afectar directamente al buen nombre y honra del profesional.
 
2.- Se ha detectado por parte del Estado que las afectaciones a los derechos de profesionales sanitarios podrían provenir de la falta de atención a todo el sistema de salud de un Estado, así como la omisión de su responsabilidad de proveer de insumos y elementos básicos necesarios para que una institución de salud, incluyendo su personal, puedan desempeñar adecuadamente su trabajo, disminuyendo el riesgo de posibles afectaciones a los tratamientos médicos necesarios así como a la propia salud del personal sanitario.
 
Adicionalmente, el propio Estado por medio de sus entidades como la Fiscalía General del Estado o el propio Ministerio de Salud Pública (MSP), a través de sus comisarías, afectan directamente el derecho a la defensa de los profesionales sanitarios al incurrir en un prejuzgamiento ante la más mínima queja o denuncia de particulares; máxime cuando las mismas llegan a medios de comunicación, cuyo fin exclusivamente comercial y novelesco termina creando un juicio social errado sobre la actuación de profesionales de la salud. Esto sin duda alguna repercute en la decisión de autoridades encargadas de administrar justicia, puesto que lastimosamente, en nuestro país el juez es esclavo de la opinión pública.
 
¿Ante este escenario, los médicos son muy vulnerables?
 
Considero que toda persona sujeta a una investigación penal es totalmente vulnerable ante el inmenso poder estatal, y limitando este análisis a grupo de profesionales sanitarios debemos indicar que los profesionales de la salud se encuentran en una posición de mayor vulnerabilidad, debido a que tienen a la gran masa social y mediática prejuzgando su accionar desde antes de haber iniciado las investigaciones.
 
Pero, tiene aun mayor vulnerabilidad el personal sanitario que no conoce que existen abogados especializados en esta área tan particular y especial como es el Derecho Sanitario, ya que al asesorarse por profesionales del derecho no especializados, podrían empeorar su situación legal ante el desconocimiento de tecnicismos y particularidades de este tipo de casos.
 
¿Les puede afectar esta situación en un futuro cercano?
 
Es importante recordar que como individuos podemos tener la certeza de jamás cometer un delito, pero no podemos tener certeza de no ser acusados por uno, es decir, de forma repentina y sin previo aviso nuestro mundo personal y profesional puede verse afectado por una denuncia en nuestra contra, muchas veces inclusive una denuncia mal intencionada.
 
Profesionalmente el personal de la salud se ve afectado cuando inicia un proceso en su contra debido a que la opinión pública prejuzga como negativo el accionar de cualquier profesional que tiene que afrontar un proceso, la opinión pública tilda de mal profesional incluyendo juicios de valor ante cada noticia que se lleva a los medios.
 
Este acontecimiento, sin duda alguna, afecta profesionalmente al personal de la salud mermando considerablemente los pacientes que acuden habitualmente a su consulta. También su profesionalismo se ve afectado ante la propia institución de salud en la que labora, llegando en muchos casos a tener problemas internos en su lugar de trabajo que podrían llegar hasta la desvinculación del profesional, víctima de irracionales denuncias.
 
En diversas ocasiones, el Tribunal Supremo de España ha declarado vulnerados los derechos de los sanitarios en la atención primaria, en materia de integridad física y de salud, al no dotarles de forma completa de medios y medidas de protección en sus centros de trabajos antes y después de la pandemia. ¿Qué repercusión puede tener esto al ser un tema muy mediático en el Ecuador?
 
Sin duda alguna la corriente del Neoconstitucionalismo vigente actualmente en Ecuador nos ha dado un baño de esperanza con respecto a la posibilidad de reclamar derechos de última generación, ya que derechos sociales como lo es el derecho a la salud actualmente son constitucionalmente exigibles, por lo que sin duda alguna las experiencias indicadas respecto al Tribunal Supremo de España deberían ser perfectamente replicables en el país.
 
Lastimosamente a través de su historia e inclusive en la actualidad, el Ecuador padece de un mal denominado la “politización de la justicia” y esto no es más que la intromisión de diferentes poderes del Estado en la rama judicial, por ello para que este razonamiento jurídico español sea aplicado en el Ecuador se requiere un Poder Judicial imparcial, que por ahora está en duda en nuestro país.
 
¿Qué repercusión jurídica puede ocasionar la mediatización de los casos contra profesionales sanitarios?
 
Es un tema complejo y nada exacto, sin embargo, de ello tenemos claro que la opinión pública manejada a través de los grandes medios de comunicación, sin duda representan una gran presión para las autoridades encargadas de investigar y administrar justicia, tales como fiscales, jueces, tribunales y demás Cortes.
 
Ante este panorama es esencial contar con asesoría legal especializada que persuada a los administradores de Justicia con argumentos técnico-científicos médicos y legales que superen la presión mediática y puedan emitir una resolución clara, objetiva y con el conocimiento científico médico necesario para su plena comprensión.

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