Edición Médica

Investigación en curso.

Redacción. Quito
Con base en los elementos presentados por Fiscalía, la jueza Yesenia del Rocío Hidalgo ha llamado a juicio a dos funcionarios por presunta participación en el delito de falsificación de documento público y uso doloso del documento.
 
Se trata de María A. M., médica calificadora del Ministerio de Salud Pública (MSP), por su presunta participación en el delito de falsificación de documento público, y Paúl Alfonso M. G., a quien la funcionaria le asignó un carné de discapacidad sin que él tenga esa condición, por presunto delito de falsificación de documento público y uso doloso del documento.
 
Según un comunicado de Fiscalía, Paúl Alfonso M. G., funcionario de la Dirección de Registro Civil, Identificación y Cedulación, habría obtenido el documento de forma fraudulenta en Mapasingue y lo habría usado en su lugar de trabajo, así como para obtener beneficio en la reducción del pago de servicios básicos en su domicilio y en la importación de un vehículo.
 
A los funcionarios, la Jueza ha ratificado las medidas cautelares de carácter personal y real que pesan en su contra, como prohibición de salida del país, presentación periódica ante la autoridad competente y prohibición de enajenación de bienes.
 
La fiscal Ana Hidalgo, de la Unidad Nacional Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ha presentado diversos elementos de convicción ante la Jueza, como la denuncia presentada por parte del MSP, certificaciones remitidas por esa cartera de Estado en las que se evidenció que no existe constancia documental que respalde la calificación que fue subida al Sistema Informático en Línea del MSP, la certificación del Servicio Nacional de Aduana (Senae) que detalla la importación de un vehículo utilizando la condición de discapacidad, la certificación del Servicio de Rentas Internas (SRI) sobre la rebaja de impuestos al vehículo, varias certificaciones de instituciones en las que el beneficiario utilizó el carné, versiones de los profesionales del equipo de auditoría y las versiones contradictorias de ambos procesados.
 
Además del el informe técnico de auditoría de esa entidad, el cual determina que la calificación de discapacidad se tramitó de manera irregular, el informe médico practicado al beneficiario del carné por un médico traumatólogo del Hospital Eugenio Espejo, la pericia de auditoría médica, la pericia documentológica del carné de discapacidad que demostraría que es un soporte falso, la pericia contable que identificó el monto del perjuicio económico al Estado por el uso del documento, el criterio técnico de la calificación de discapacidad y el informe de investigaciones elaborado por un agente investigador de la Unidad Nacional de Investigaciones con la Fiscalía General.

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