30 proyectos de investigación se perdieron con el cierre de Enfarma
Una investigación revela por dentro cómo se manejó esta institución
Juan Cuvi, investigador.
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Diego Mosquera. Quito
Según un estudio elaborado por la ‘Plataforma Por el Derecho a la Salud’, ‘Fundación Donum' y el 'Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES)', 30
proyectos de investigación diseñados por
Enfarma (descubrimiento de nuevos fármacos, biodescubrimientos, ensayos clínicos, entre otros) y emprendidos en conjunto con universidades públicas y privadas nacionales e internacionales se perdieron por el cierre de esta empresa pública.
La Constitución de Montecristi abrió el camino en favor de la universalización del acceso a la salud, y que contemplaba los derechos para acceder a medicamentos seguros, eficaces y de calidad. Así es como se dio posibilidades para crear la primera
Empresa Pública de Fármacos (Enfarma) que, tras siete años de funcionamiento, fue cerrada repentinamente en un contexto de crisis económica y reformas para la reducción del sector público.
Juan Cuvi, uno de los investigadores del estudio, ha señalado a REDACCIÓN MÉDICA que la función de Enfarma debía estar guiada por la oferta de medicamentos esenciales de difícil acceso y aquellos que generan importantes pérdidas de divisas.
“Según los criterios generales para la priorización de la oferta de medicamentos que Enfarma debía haber encarado y no pudo hacerlo, son: oferta de medicamentos de alta rotación controlados por oligopolios y oferta de medicamentos de alto costo que constan en el
Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos (CNMB)”, ha manifestado.
En este sentido la investigación sostiene que Enfarma
debió controlar la oferta de medicamentos controlados por monopolios de alta rotación y bajo costo; la oferta de medicamentos esenciales que no están disponibles en el mercado y finalmente la oferta de medicamentos huérfanos.
Según información de la misma institución solamente en el año 2015 el 97 por ciento de los ingresos por ventas normales de Enfarma fueron pagados por la
red pública de salud y ascienden a 11.89 millones de dólares.
De la misma forma los ingresos presupuestados para el año 2015 fueron de
45.51 millones de dólares y se alcanzó solamente 12.21 millones, equivalente al 26.83 por ciento del objetivo, mientras que el sector privado pagó 410 mil de dólares. Se suscribieron 167 contratos, de los cuales 129 correspondieron al sector público y 38 al privado.
Para el final de 2015 Enfarma valoró sus activos en
35.44 millones de dólares, de los cuales 71 por ciento corresponden a activos corrientes, es decir, activos como cajas y bancos, inversiones a corto plazo, cartera e inventarios. Al contrario, solamente el 14 por ciento pertenecen a inversiones en proyectos y programas y el 16 por ciento en activos fijos.
La investigación ha mostrado que Enfarma “contó con recursos millonarios que no logró aprovechar para generar un buen desempeño financiero o consolidar la inversión en desarrollo e innovación. Entre 2014 y 2015, el nivel de ejecución de Enfarma alcanzó el
31 por ciento del presupuesto, siendo los gastos de inversión los de menor desempeño, con una ejecución del 17 por ciento. La disposición de recursos fue de 108.89 millones de dólares, con lo cual se consolidó el giro del negocio hacia la comercialización de biológicos y oncológicos”.
Las deudas de Enfarma
Entre otros
beneficiarios privados de los fondos públicos de Enfarma están: Abbott Laboratorios del Ecuador Cía. Ltda. con quien mantiene una deuda de más de 1.4 millones de dólares; OLI MED, 476.880; Cimab S.A., 443.560, Corporación Farmacéutica Medisumi C.A., 330.920; Ecuaquimica Ecuatoriana de Productos Químicos C.A., 322.910, entre otros.
La reflexión
Según Cuvi el cierre de Enfarma pone de manifiesto la
pérdida de una oportunidad significativa para garantizar los derechos a la Salud en el país. “Existía una ventana de oportunidad financiera mientras el crecimiento económico se sostuvo, gracias a los términos de intercambio favorables para Ecuador”.
Además ha sostenido que disponía del marco normativo que concedía las competencias para construir el complejo farmacéutico público del país. El análisis sugiere que el fracaso se explica, en gran medida, por la
falta de rectoría adecuada y por las presiones de la industria farmacéutica transnacional y nacional.