Edición Médica

Investigación de la Fiscalía.

Redacción. Quito
Tras la valoración de los elementos de convicción presentados por la Fiscalía General del Estado, el Juez Especializado Anticorrupción y Crimen Organizado ha dictado auto de llamamiento a juicio contra Jean Erick G., Shareth Leonela P., Olimpia de las Mercedes C., Carlos Julio A., Katerine de los Ángeles T., Javier Humberto C., César Antonio T. y Daniel Eduardo R. por su presunta participación en el delito de peculado en la compra de trajes de protección para el Hospital (del IESS) Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil.
 
En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la Fiscal del caso ha presentado alrededor de 40 elementos de convicción recabados en la investigación, que evidencian la presunta participación de los procesados en el delito investigado.
 
Fiscalía inició una investigación, a cargo de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, con base en un Informe con Indicios de Responsabilidad Penal (IRP), como parte del examen especial, respecto a varios procesos de contratación que se llevaron a cabo en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, con el objetivo de atender la emergencia sanitaria por COVID-19.
 
Segú lo informado, fue un proceso contractual para la adquisición de trajes de protección contra riesgo mediante contrato de emergencia COVID-19.
 
En este se habrían inobservado disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la normativa emitida por el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) para la adquisición de bienes en situaciones de emergencia, cuyas especificaciones técnicas referentes a los trajes de protección contra riesgo no fueron detalladas de forma clara (gramaje específico del traje).
 
Adicional, los funcionarios públicos procesados en esta causa presuntamente han abusado de dinero público que estuvo en su poder (en virtud de su cargo), en beneficio de un proveedor.
 
Fiscalía procesa este caso con base en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de peculado con pena privativa de libertad de diez a trece años.
 
 

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