Edición Médica

Zaida Rovira, vicedefensora de la DPE, y Fabián Arias, representante de los profesionales de la Salud Rural.

Jonathan Veletanga. Quito
La Defensoría del Pueblo de Ecuador (DPE) ha presentado en Guayaquil una acción de protección en contra del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) y el Ministerio de Salud Pública (MSP) para evitar la reducción de profesionales en el Año de Salud Rural periodo septiembre 2020 – agosto 2021, y garantizar el derecho al trabajo de los egresados de carreras de Medicina, Enfermería y Odontología.  
 
Entre el 10 y 12 de julio de 2020, un total de 9.951 profesionales de la salud, entre médicos, enfermeras y odontólogos, tenían que rendir en línea el Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional (EHEP). De estos solo 8.992 profesionales realizaron la prueba y apenas 6.553 (65.85 por ciento) obtuvieron su habilitación profesional, de acuerdo a cifras oficiales del CACES.
 
Según la Defensoría del Pueblo y a criterio de Fabián Arias, representante de los profesionales de la Salud Rural periodo septiembre 2020 – agosto 2021, más de 2.000 profesionales fueron perjudicados en el EHEP por problemas técnicos, tecnológicos y logísticos que se presentaron al momento de rendir la evaluación.
 
Aproximadamente el 10 por ciento de los profesionales no rindieron el EHEP porque no lograron acceder a la plataforma, mientras que la mayoría de aquellos que no aprobaron, “no lo hicieron por inconsistencias”, entre ellas, fallas en la plataforma, reducción arbitraria en el tiempo de la prueba, preguntas mal formuladas, etc., ha manifestado Arias, en diálogo con EDICIÓN MÉDICA.
 
Para Arias, el EHEP se llevó a cabo sin una correcta planificación y una socialización oportuna de todos los requerimientos. Además, al momento de informar sobre los inconvenientes suscitados, las autoridades correspondientes no brindaron una respuesta oportuna.
 
Estos factores han impedido que obtengan su habilitación profesional, en consecuencia no pudieron postularse en la convocatoria para el Año de Salud Rural, septiembre 2020 – agosto 2021. Lo que les privó de la posibilidad de acceder a un trabajo libremente escogido e incluyente.
 
“Esta demanda la presentamos a escala nacional desde Guayaquil y a través de ella buscamos que las y los afectados que no pudieron rendir el examen de habilitación profesional lo hagan de forma inmediata”, ha dicho Zaida Rovira, vicedefensora de la DPE, al momento de presentar la acción judicial.
 
Ante esto, la acción de protección busca una reparación integral para los profesionales afectados, es decir, que el CACES brinde las herramientas técnicas adecuadas para que consigan dar inmediatamente el EHEP, y que el MSP habilite mecanismos idóneos con el fin de que, una vez obtenida la habilitación profesional, puedan iniciar el Año de Salud Rural lo antes posible.
 
También se solicita que el personal del CACES se capacite sobre los derechos fundamentales a favor de los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, así como el derecho de repetición.
 
Testimonios de la Defensoría
 
Mary Yussely Burgos, odontóloga: “El examen me afectó, dejándome fuera de la rural al faltarme tan solo un punto. Existieron preguntas mal formuladas y con inconsistencias. Con estos resultados voy a estar más tiempo sin realizar la práctica clínica, importante para nuestra área, además, retrasa mis planes de acceder a una futura especialidad”.
 
Dennis Villa, egresado de Medicina: “Durante todo el día la plataforma presentó problemas y no pude acceder a la prueba. Le notifiqué al moderador de la sala 122 y me manifestó que había inconvenientes en el sistema. Finalmente, nunca accedí a mi examen, hice reclamos pertinentes y ahora no tengo respuesta”.
 
Kimberly Soza, odontóloga: “Me han perjudicado de una manera importante. A pesar de haber manifestado todos los problemas y colapsos que presentó el sistema durante el examen, y del tiempo que se cortaba mientras resolvían los inconvenientes suscitados, no logramos entrar en el proceso de la rural y ahora no tenemos respuesta”.
 
Preocupación por EPP
 
El próximo 1 de septiembre, 4.628 rurales (médicos, enfermeras y odontólogos) iniciarán su año de servicio social. Su principal preocupación es la escasa dotación de Equipos de Protección Personal (EPP) para los profesionales de salud que combaten en la primera línea la pandemia en los distintos Distritos de Salud.
 
Por este motivo, Arias ha manifestado que están trabajando para conseguir donaciones de EPP para los profesionales de salud rural.  

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