Edición Médica

En Ecuador las reclamaciones en contra de los profesionales de salud están creciendo.

Jonathan Veletanga. Quito
La Fiscalía General del Estado ha informado sobre un fallo condenatorio (en primera instancia) por mala práctica médica para una anestesióloga de un hospital público de Quito. La galena fue condenada a 15 meses de pena privativa de libertad como autora del delito de lesiones, así como al pago de 376.000 dólares como reparación integral a los padres de la víctima y una multa de 3 salarios básicos unificados.
 
En este caso la Fiscalía ha demostrado la existencia del delito tipificado en el artículo 152, numeral 5, inciso tercero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP) en concordancia con el artículo 146 de la misma normativa, el cual establece que la persona que infrinja el deber objetivo de cuidado en el ejercicio de su profesión será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años.
 
¿Cómo se originó el caso?
 
El 9 de octubre de 2014, por la severidad de sus caries, una niña de 1 año y 11 meses de edad ingresó a un hospital público para someterse a un tratamiento dental integral. Para cumplir con este procedimiento, la menor fue anestesiada. Sin embargo, según la Fiscalía, en el proceso se habría suscitado una “inadecuada administración de oxígeno en la paciente”, lo que le provocó una hipoxia isquémica (muerte celular por falta de oxígeno) y posteriormente una incapacidad permanente. Hoy en día la niña tiene más de 5 años y vive en estado vegetativo.
 
A 20 minutos de iniciado el procedimiento odontológico, la odontopediatra se habría percatado que la niña presentaba los labios cianóticos (coloración azulada de la piel), dando así la alarma. Sin embargo, advirtió que la anestesióloga había abandonado el quirófano.
 
Tras esta situación, los médicos lograron estabilizar a la niña, quien posteriormente fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde fue sometida a una craneotomía descongestiva debido a un edema cerebral.
 
En este caso, la Fiscalía ha demostrado “la vulneración del deber objetivo de cuidado puesto que la anestesióloga abandonó el quirófano y no utilizó el capnógrafo, instrumento de uso obligatorio, que advierte tempranamente la falta de oxigenación, con lo que se supuestamente se hubiera podido evitar a tiempo este lamentable suceso”.
 
Análisis del caso
 

Daniel Soto considera que la necesidad de defender correctamente los actos médicos es algo primordial.

REDACCIÓN MÉDICA ha analizado este fallo condenatorio con Daniel Soto, gerente general del estudio jurídico DS Legal Group, quien considera que éste marcará un precedente en el país por varias aristas como la expectativa del mismo, el monto de indemnización, etc.
 
Para el abogado, el que exista una sentencia con un monto de indemnización alto “motiva” a que, de alguna manera, el paciente intente reclamar y obtener una indemnización similar, cuando sienta que el acto médico al que se sometió, provocó una negligencia o un daño.
 
Soto ha mencionado que hace unos años los montos de indemnización no superaban los 50 mil dólares. Mientras que hoy en día ya se encuentran sentencias que llegan a 135 mil dólares en caso de muerte, y que superan los 200 mil en caso de daño permanente. Por lo tanto, es evidente que con el paso del tiempo “los montos aumentan al igual que el número de reclamaciones”.
 
En este sentido, ha señalado que, en la actualidad desde la experiencia del estudio jurídico al que representa, las reclamaciones en contra de los médicos están creciendo a nivel nacional, tanto en el ámbito público como privado. Lo más común es que se presenten por vía penal y por vía administrativa ante el Ministerio de Salud Pública (MSP).
 
Sin embargo, “aunque las reclamaciones son abundantes, las negligencias son menos frecuentes. Por lo tanto, la necesidad de defender correctamente los actos médicos es algo primordial, al igual que responder a las negligencias cuando estas se presenten, con la idea de poder indemnizar correctamente al paciente”, ha insistido el abogado.
 
Según cifras de DS Legal Group, 1 de cada 3 médicos reclamados no hacen intervenciones quirúrgicas, lo que llama la atención porque quiere decir que, aunque el medico trate clínicamente al paciente tiene una alta probabilidad de tener una demanda, ya que “hoy en día los pacientes están siendo muy cuestionadores de las prácticas médicas”, ha dicho.
 
Por este motivo, el gerente de DS Legal Group ha recomendado a la comunidad médica entender el impacto que tienen las reclamaciones, e informase sobre cómo identificar la responsabilidad de cada profesional al momento de prestar el servicio de salud, cómo cuantificar el valor de indemnización, hasta dónde llegan las responsabilidades para cumplir con el deber objetivo de cuidado, entre otras temáticas.
 
“Cada caso dura entre 4 y 5 años. Por esta razón, recién desde el 2018 se están dando las primeras sentencias condenatorias”, ha añadido.
 
Hasta el 2018, se encontraban en Fiscalía alrededor de 550 reclamaciones en contra de profesionales de la salud, de estas aproximadamente el 20 por ciento han sido resueltas y el 80 por ciento están en proceso de resolución.
 
El dato
 
Esta es la primera entrega de una serie de análisis relacionados a temáticas de mala práctica médica y cómo se están resolviendo las demandas en contra de los profesionales de la salud.

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