Edición Médica

Comisión de Participación Ciudadana.

Redacción. Quito
La Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea nacional ha escuchado a Samantha Vasco, médico posgradista, quien ha expuesto la vulneración de derechos que atraviesa esta población en su práctica profesional.
 
La galena ha asegurado que “el actual sistema prioriza el cumplimiento de una carga horaria de 256 horas mensuales, por sobre el bienestar físico y emocional de las y los médicos, que a pesar de esta carga no se encuentran afiliados al sistema de Seguridad Social”.
   
Esta situación se agrava si además de la carga laboral, se consideran las extensas horas de formación académica, que dan como resultado profesionales médicos al borde del colapso, atendiendo a pacientes que dependen de ellos, ha agregado.
 
Asimismo, ha mencionado que las posgradistas enfrentan dificultades para acceder a licencias por lactancia e impedimentos para decidir sobre su maternidad, pues enfrentan presiones para abandonar su especialidad, o tratos discriminatorios sobre valía profesional.
 
Por estos motivos, ha solicitado la intervención de las autoridades en una nueva distribución horaria, rol materno, de así decidirlo y condiciones laborales, que les permitan desarrollarse de forma digna y sin comprometer la salud.
 
Asimismo, Vasco ha denunciado que “los pagos de becas se atrasan hasta seis meses, lo que impide que los médicos posgradistas puedan estar al día en sus aportes al seguro social”.
 
Al respecto, Franklin Samaniego y Patricio Chávez, legisladores de la comisión, han coincidido en que existen vacíos en los contratos que asumen los médicos en formación, ya que, pese a prestar un servicio esencial, no cuentan con seguridad social y deben cubrir estos costos de manera personal.
 
De su parte, el presidente del Consejo de Educación Superior (CES), Pablo Beltrán, ha informado sobre la conformación de una mesa interinstitucional que tendrá como objetivo revisar la situación de los médicos posgradistas y proponer mejoras en su formación académica.
 
Además, ha indicado que el CES está revisando la normativa relacionada con el desarrollo profesional en el sector de la salud para garantizar condiciones adecuadas en su ejercicio.
 
Becas Futuro Femenino
 
Miguel Yépez, viceministro de Economía; y, Pablo Beltrán, presidente del Consejo de Educación Superior, han dado observaciones en el marco de la fiscalización al Programa de Becas “Futuro Femenino 2024”.
 
Yépez ha afirmado que, el programa “Futuro Femenino”, impulsado por la Senescyt, cuenta con un presupuesto total de 80 millones de dólares para el período 2024-2026. Sin embargo, al ser consultado sobre la ejecución de las becas de 2024, indicó que, de los 32 millones asignados, solo 14.5 millones han sido comprometidos en contratos suscritos hasta el momento.
 
En este contexto, el asambleísta Samaniego ha pedido al CES dar seguimiento a los casos de irregularidades en las becas de 2024.
 
En respuesta, Beltrán ha comentado que el aspecto financiero es responsabilidad de la Función Ejecutiva, específicamente de la Senescyt y no del CES. Sin embargo, ha precisado que el Consejo sí tiene la facultad de fiscalizar discrepancias en los contratos de los becarios y que trabajarán en el monitoreo de su adecuado desarrollo.
 
La Comisión de Participación Ciudadana continuará con el proceso de fiscalización para garantizar el cumplimiento de los derechos de los médicos posgradistas y la correcta ejecución de los programas de becas, ha asegurado el presidente de la mesa al clausurar la sesión.

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