Edición Médica

Gabriela López yAmira Herdoíza, hija y esposa de Caros López.

Diego Mosquera. Quito
Luego de una audiencia de más de 14 horas la Corte Nacional ha decidido ratificar el estado de inocencia Carlos López, médico sentenciado y encarcelado  por presuntamente “haber negado la atención a un paciente”.

En junio del año pasado la defensa del galeno presentó a la Corte Nacional de Justicia un recurso extraordinario de revisión fundado en que, "como consecuencia de las varias vulneraciones al debido proceso y por informes periciales errados lo  que generó una condena aun inocente", solicitando que se revise el caso. “El despacho de la designación de peritos ocurrió el mismo día de su detención”, ha comentado a REDACCIÓN MÉDICA Juan Pablo Albán, abogado de López.

Según los jueces de la Corte Nacional Miguel Jurado, Luis Enríquez y Silvia Sánchez han decidido aceptar el recurso de revisión presentado por la defensa únicamente a la causal cuarta del Art.360 de la Ley aplicable al caso.

“En su lugar dicta sentencia ratificatoria del estado de inocencia del Carlos López, dispone además del levantamiento de todas las medidas cautelares de carácter real y personal que cuentan en su contra al estar privado de la libertad y se dispone inmediatamente se expida la boleta de excarcelación” ha explicado el Juez Jurado.

El contexto

Este tema se ha mantenido vigente en la opinión pública desde hace 7 años cuando la ciudadana francesa Charlotte Mazoyer fue herida de bala en el sector de Guápulo.

Según la defensa de López, el cirujano que atendió a la paciente durante 5 horas fue declarado culpable de ‘negativa de atención’ motivo por el cual fue detenido hace más de 30 días en las afueras de su trabajo.

La audiencia

Durante el proceso se presentaron 4 peritos: Walter Caíza, quien analizó los videos de seguridad; Miriam Merchán, filóloga que analizó los textos de la demanda; Harry Torm quien analizó la parte técnica de todos los procedimiento médicos realizado por López y finalmente Diana Torres, cuyo testimonio fue cuestionado por la parte acusadora.

Amira Herdoíza, esposa de López ha manifestado a REDACCIÓN MÉDICA que se sienten satisfechos en saber que por fin la justicia pudo cumplirse, “algo tan evidente que un hombre inocente hizo todo lo posible por salvar la vida una persona y que encarcelado injustamente va a recuperar su libertad”, ha sostenido.

Además Herdoíza ha sostenido que este caso sienta un precedente para iniciar un trabajo nivel médico en conjunto con el sistema jurídico, para que se entienda bien la práctica del ejercicio de la Medicina y no a la ligera.

Los gremios

Durante todo este tiempo que ha durado el proceso, varios gremios médicos han mostrado su inconformidad con la detención y sentencia impartida a Carlos López, médico cirujano, quien fue acusado de haber negado la atención a una paciente con múltiples heridas por arma de fuego.

Ricardo Hidalgo, rector de la UTE.

Gremios como la Sociedad  Ecuatoriana de Cirugía, Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, Sociedad Ecuatoriana de Anestesiología, Sociedad Ecuatoriana de Medicina Familiar, Sociedad de Radiología e Imagen de Quito, el Colegio de Médicos de Loja, el Colegio Médico de Zamora Chinchipe, el cuerpo de médicos del Hospital de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), la Asociación de Médicos del Hospital Eugenio Espejo y la Asociación de Estudiantes de Medicina, han calificado de “injusta” la detención y sentencia de Carlos López. Además han mostrado un “total apoyo y respaldo” al galeno y su familia.

Según el Colegio de Médicos Pichincha el 12 de enero de 2017 se procedió a la ‘injusta detención’ de Carlos López Ayala, Médico Cirujano ecuatoriano de amplia trayectoria profesional.

“López  está privado de su libertad por una condena establecida por el sistema judicial en todas sus instancias por una supuesta negativa de atención a una paciente en estado de emergencia, en septiembre de 2009 (por el denominado Caso Mazoyer). Él no fue acusado ni sentenciado por ‘mala práctica médica’ o algo que tuviera relación con su responsabilidad, sino por un supuesto delito de orden administrativo que no era de su competencia”, han señalado.

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