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RECLAMACIONES DE PACIENTES

Desatención del servicio, factor de responsabilidad legal de los administradores de establecimientos sanitarios

El COIP ha cambiado la situación a nivel penal en el Ecuador

Viernes, 25 de febrero de 2022, a las 09:25

Paúl Franco, gerente y director del Departamento Procesal de DS Legal Ecuador.

Redacción. Quito

La responsabilidad sanitaria de las personas y los establecimientos de salud en el Ecuador se establece en el artículo 54 de la Constitución de la República, esto significa que las personas naturales y jurídicas pueden tener responsabilidad en una reclamación o demanda por mala práctica profesional.

Asombrosamente, este es un tema poco conocido en el país y, en ciertos casos, este desconocimiento ya está pasando factura a los representantes legales de los establecimientos que prestan servicios de salud, ha informado a EDICIÓN MÉDICA, Paúl Franco, gerente general y director del Departamento Procesal de DS Legal Ecuador.

“Antes del 2014 las personas jurídicas eran inimputables, es decir, no se podía sancionar a las empresas o sociedades. Y evidentemente a quienes se les sancionaban era a los administradores, no solo en el tema médico sino en todos los aspectos de la actividad mercantil. Entonces, los principales responsables de cualquier actividad ilícita no eran las empresas sino su representante, su administrador o su cabeza”, ha mencionado.

Posteriormente, con el Código Orgánico Integral Penal (COIP) esta situación cambia, dado que se establece con claridad una diferenciación entre la responsabilidad de la persona jurídica y la persona natural. De esta manera se genera una “responsabilidad del administrador”, siempre y cuando este haya sido parte de un ilícito (acción directa) que enmarque una mala práctica profesional, ha explicado el abogado.

Este factor es muy importante porque más del 90 por ciento de las reclamaciones se desenvuelven en el campo penal.

Con este cambio, Franco ha puntualizado que los administradores y centros de salud tienen un rol o una posición de garante en los actos médicos, con lo cual se les hace responsables por garantizar las condiciones necesarias, así como por las omisiones, con las que los profesionales sanitarios de la salud desarrollan sus intervenciones médicas.

De esta forma, lamentablemente, Fiscalía ha indicado que los administradores pueden ser “coautores” de los delitos practicados en los actos médicos. “Este criterio, técnicamente, es erróneo en los delitos de carácter culposo”, ha enfatizado Franco.

Con estos factores, los representantes legales de los establecimientos de salud ya pueden ser sentenciados en una reclamación por supuesta mala práctica médica, más aún si se demuestra que hubo “una desatención del servicio de salud”, ya que esto genera una responsabilidad directa de los administradores.

Esto quiere decir que a los representantes legales o administradores de los establecimientos de salud se les podría imputar responsabilidad penal cuando se demuestre, por ejemplo, que las instituciones no tienen los equipos necesarios, los insumos suficientes, los protocolos médicos regularizados, no han cumplido con la normativa sanitaria, entre otras omisiones en materia de salud.

Por todo este panorama, Franco ha recomendado a los representantes legales o administradores cuidarse con auditorías y asesorías en derecho y cumplimiento de normativas sanitarias según la tipología del establecimiento; así como con la contratación de pólizas de responsabilidad civil de sociedades (transferir el riesgo a terceras personas), concientización, entre otras.

Además, “hay varias formas de protección societaria que se pueden analizar e implementar”, con el objetivo de mitigar el riesgo de reclamaciones. Hay varias formulas y por ello es importante tener una asesoría especializada en Derecho Médico, ha concluido Franco.