Federación Médica inicia fondo de contingencia para enfrentar demandas por mala práctica
Las demandas siguen en aumento
Ernesto Carrasco, presidente de la FME.
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Cristina Coello. Quito
Desde 2014 cuando entró en vigencia el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP) se ha registrado un aumento de demandas en contra de los profesionales de la salud, por lo cual la Federación Médica Ecuatoriana (FME) ha implementado un
Fondo de Defensa Legal para el patrocinio judicial.
En entrevista con REDACCIÓN MÉDICA,
Ernesto Carrasco, presidente de la FME ha explicado que el fondo beneficiará a todos los profesionales de la salud (médicos, enfermeras, instrumentistas, auxiliares, etc.) en la cobertura de las
costas procesales que una causa judicial le pueda acarrear en caso de una demanda.
El fondo “es un
ahorro colectivo, bajo el principio de solidaridad gremial. Es la primera vez que se hace esto en el país. Pero no es un seguro, ni una póliza de responsabilidad civil profesional”, ha aclarado Carrasco.
Según la FME, el objetivo de este ahorro es usarlo en los posibles
gastos de defensa legal provenientes de una reclamación legal, sea esta, demanda o denuncia judicial o administrativa en el Ministerio de Salud Pública presentada en contra de un profesional, derivada de un presunto
acto médico negligente en la prestación de sus servicios durante la vigencia del contrato.
Carrasco ha recordado que la judicialización de las controversias generadas en la práctica médica produce
graves perjuicios a los profesionales de la salud, además de la afectación psicológica.
De allí que la FME, con el fondo,
asumirá la defensa de la reclamación presentada en contra del profesional “hasta la última instancia de la justicia ordinaria”, ha indicado el dirigente gremial.
Los gastos de defensa incluirán la
contratación de los abogados, peritos, movilización, gastos de notaría, copias y demás elementos que sirvan para la buena defensa de la reclamación.
La FME “tendrá la obligación de intervenir en la defensa y, de ser legalmente procedente, en la transacción o conciliación de la reclamación,
en caso de favorecer los intereses del profesional”, se explica en un comunicado de la organización.