Federación Médica Ecuatoriana insiste en que 'se haga justicia' y se apruebe la Ley de Carrera Sanitaria
Si se aprueba la Ley se tendrán 360 días para reglamentarla y aplicarla
Wilson Tenorio, presidente de la FME.
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Cristina Coello. Quito
El 2 de septiembre se conocerá si el Ejecutivo sancionará u objetará
el proyecto de Ley de Carrera Sanitaria, aprobado por la Asamblea Nacional. Mientras tanto la Federación Médica Ecuatoriana (FME) ya ha realizado un taller para analizar la normativa y su posible reglamentación.
En entrevista con EDICIÓN MÉDICA,
Wilson Tenorio, presidente de la FME ha exhortado al presidente Guillermo Lasso que sancione favorablemente la Ley y “se haga justicia al sector de la Salud “que durante más de 15 años no han tenido un aumento salarial” y tampoco tiene estabilidad laboral.
Con 123 votos, el 2 de agosto, la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate la Ley de Carrera Sanitaria que
regula las jornadas de trabajo, remuneración, ascenso, ingresos, permanencia, desvinculación y retiro de los profesionales de la salud del país, entre otros articulados.
No obstante, hay incertidumbre por la
falta de financiamiento para que la Ley se aplicable. En ese sentido, Tenorio ha manifestado que todos los sectores están trabajando y buscando las alternativas viables. Incluso el ministro de Salud,
José Ruales, junto a sus asesores están en la labor, ha comentado.
Se están barajando todas las alternativas y sugerencias para respaldar económicamente la nueva Ley y por ello el gremio y otras organizaciones también está colaborando en la
construcción de su reglamentación en reuniones en la ciudad Guayaquil.
Por ello, Tenorio ha insistido en que el espíritu de la Ley “es dar el
sitial que le corresponde a los profesionales de la salud” que, además, durante la pandemia, 700 de ellos “ofrendaron sus vidas” por mantener los servicios sanitarios activos.
A nivel nacional, más de
23 mil trabajadores de la salud forman parte del sector público entre médicos, enfermeras, paramédicos, bioquímicos, psicólogos y otros que se rigen bajo la Ley Orgánica de Servicio Público, (LOSEP).
No obstante, para Tenorio “ya es hora de que se reconozcan los méritos logrados” por muchos de ellos que durante los últimos años han invertido
para mejorar su formación técnica profesional y ya cuentan con posgrados, maestrías y hasta postdoctorados.
“El reconocer esos
méritos, capacitación y años de experiencia redunda en la calidad de servicios que prestamos en cada una de las unidades de salud. La Ley sintetiza las más claras aspiraciones de un sector postergado por muchos años.”, ha considerado el presidente de la FME.
A pesar de la incertidumbre, el directorio médico nacional, conformado por los 23 presidentes de los colegios provinciales “
analizaran las medidas a tomar en caso de tener un veto”, pero Tenorio ha recalcado que “el dialogo siempre será permanente”.
“El diálogo no es entreguismo, es tratar de encontrar las medidas que buscan mejorar un sistema caduco de salud.
Somos una parte constructiva, propositiva y arrimamos el hombro para tratar de sacar adelante esto. El éxito de la gestión en salud de las autoridades también redunda en beneficio de la población”, ha concluido.
Los datos
Los cinco principios que regirán la carrera sanitaria son:
estabilidad laboral, mérito y progresión, desarrollo y capacitación profesional,
igualdad de oportunidades; y, protección de la salud del talento humano.
Según la norma aprobada por la Asamblea Naiconal, podrán ingresar a la carrera sanitaria los profesionales que cuenten con un
título de tercer nivel en áreas de la salud, debidamente registrados o reconocidos ante la autoridad competente en materia de educación superior, que se encuentren
habilitados para el ejercicio profesional y que hayan sido declarados ganadores del concurso de méritos y oposición.
No podrán acogerse a la carrera sanitaria los
funcionarios de libre nombramiento y remoción, personal sujeto al Código del Trabajo, cargos creados para realizar trabajos temporales, personal con contrato de servicios ocasionales o nombramientos provisionales.
La propuesta también establece prohibiciones como
paralizar los servicios de salud; negarse injustificadamente a atender a un paciente; incumplir o abandonar los turnos o áreas de trabajo; usar medicamentos, dispositivos médicos o cualquier otro bien de los servicios de salud en beneficio propio; divulgar información confidencial, entre otras.