EN ADQUISICIÓN DE INSUMOS
Funcionarios y contratista del Hospital Teodoro Maldonado Carbo son procesados por presunto peculado
Se habría ocasionado un perjuicio económico de 1.455.462 de dólares
El cierre de la instrucción fiscal será en noventa días.
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Redacción. Quito
La Fiscalía General del Estado ha formulado cargos contra 4 personas (tres funcionarios y un contratista) por su presunta participación en el delito de peculado en la
compra de insumos médicos y prótesis para el Área de Traumatología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo.
Los procesados son Susana Sumoy E. D., César Emilio V. B., Angélica Andrea R. J. (los tres funcionarios de la casa de salud) y Julia Katheryne M. P. (contratista). Ellos habrían participado en el delito durante el 2019, con el cual se habría ocasionado un
perjuicio económico de 1.455.462 de dólares, según un comunicado de Fiscalía.
Los 4 procesados enfrentan otro proceso penal, también por el delito de peculado, que se encuentra en etapa preparatoria de juicio, misma que se resolverá en las próximas semanas, una vez que el juez de la causa, Patricio Vidal, llame a las partes procesales para informar su resolución.
César Suárez Pilay, fiscal de la Unidad de Administración Pública, ha presentado como elementos de convicción: el
Informe con Indicios de Responsabilidad emitido por la Contralaría General del Estado (CGE) y el informe contable que determina un perjuicio económico de alrededor de 1.455. 462 de dólares por un contrato para el área médica del hospital.
También se ha presentado el informe del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), las versiones de los auditores de la CGE, las copias certificadas del contrato remitido por el IESS, el acta de entrega-recepción de las prótesis, los requerimientos solicitados para el área de Traumatología,
la pericia de contratación pública (que ratifica incumplimientos de procedimientos) y la certificación del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador.
Además, se han sumado los
informes investigativos de inspección ocular técnica de Criminalística e investigativo de la Unidad de Delitos Anticorrupción, ambas de la Policía Nacional, entre otros.
Con estos elementos, la jueza de Garantías Penales, Magdalena Preciado, ha emitido medidas cautelares de
prohibición de salida del país y presentación cada 15 días ante Fiscalía para los procesados. Asimismo, ha resuelto para cada uno la prohibición de enajenar bienes por un monto de 350.000 dólares (para cada procesado).
El cierre de la instrucción fiscal será en noventa días.
El caso
La Fiscalía ha iniciado una investigación a mediados de julio de 2021, tras recibir un Informe con Indicios de Responsabilidad Penal por parte de la Contraloría General del Estado, por un presunto perjuicio de cerca de 1.455.462 de dólares en un contrato de adquisición de insumos y prótesis para la Unidad Técnica de Traumatología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IESS, correspondiente al año 2019.
Una vez recaudados los elementos de convicción necesarios,
Fiscalía ha solicitado la audiencia de formulación de cargos, la cual fue postergada en varias ocasiones hasta su reanudación, el pasado 16 de agosto.
Fiscalía ha procesado este caso con base en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de peculado con
pena privativa de libertad de diez a trece años.