Edición Médica

Fernando Villavicencio.

Redacción. Quito
Diversos gremios de profesionales de la salud han expresado sus condolencias públicas ante el sensible fallecimiento del candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien fue asesinado por sicarios la tarde del 09 de agosto en la ciudad de Quito.
 
La Federación Médica Ecuatoriana (FME) y el Colegio de Médicos del Guayas (CMG) han condenado enérgicamente la inseguridad que ha cobrado la vida de Fernando Villavicencio y el acto atroz. Asimismo, han extendido sus condolencias a su familia, seres queridos y compañeros.
 
También el Colectivo Re-Acción Ecuador ha expresado sus sinceras condolencias. Además, ha hecho un llamado a la calma y a la unidad nacional. “Que la memoria del candidato nos inspire a trabajar por un Ecuador más seguro, justo y democrático, donde las voces de todos sean escuchadas y respetadas”.
 
“El trágico suceso es un recordatorio doloroso de la necesidad de fortalecer nuestras instituciones y salvaguardar la integridad de las y los ciudadanos. Nadie merece ser violentado por expresar sus opiniones, ejercer sus derechos políticos o contribuir al diálogo constructivo que nuestra nación necesita. En este momento de reflexión y duelo, debemos reafirmar nuestro compromiso con la construcción de un Ecuador donde la diversidad de pensamiento se respete y se valore, y donde los caminos de diálogo sean la herramienta primordial para resolver nuestras diferencias”, ha señalado en una carta abierta.
 
Ante este lamentable hecho, el presidente de la República Guillermo Lasso ha declarado tres días de luto (10, 11 y 12 de agosto) y un nuevo estado de excepción por “grave conmoción interna” y debido al “incremento de la actividad criminal a nivel nacional”. Este durará 60 días y establece varias medidas y suspensiones de derechos.
 
- Movilización en todo el territorio de Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía en seguridad.

- La Policía y Fuerzas Armadas quedan autorizados para hacer uso legítimo y excepcional de la fuerza en contextos de control de orden público, protección interna y seguridad ciudadana.

- Limitar en todo el país el derecho a la libertad de reunión, en estricta relación con los motivos del estado de excepción. La fuerza pública queda facultada para impedir y desarticular reuniones en espacios públicos donde se identifiquen posibles amenazas al orden público y seguridad ciudadana.

- Suspender el derecho a la inviolabilidad de domicilio, es decir, la fuerza pública podrá realizar inspecciones y requisas, que tengan como objetivo el hallazgo de armas, explosivos y sustancias sujetas a fiscalización.

- Suspender el derecho a la inviolabilidad de correspondencia. La Policía podrá hacer las requisiciones necesarias.

- En el marco de sus competencias, los gobiernos locales deberán apoyar y coordinar acciones para garantizar la seguridad ciudadana.
 

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