Edición Médica

La Universidad UTE organizó el foro.

Redacción. Quito
La Universidad UTE fue escenario de un foro que reunió a médicos y juristas para identificar algunas aristas envueltas en la barrera impuesta a la eutanasia, a propósito del caso de Paola Roldán, una paciente que ya se encuentra postrada por el avance de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).
 
Los abogados de Roldán presentaron en la Corte Constitucional una demanda de inconstitucional condicionada al artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y buscan determinar un protocolo de actuación en caso de aprobar una posible eutanasia.
 
En el Foro ‘Eutanasia, suicidio asistido y muerte digna’ ha intervenido en calidad de médico, el rector de la UTE, Ricardo Hidalgo Ottolenghi, quien consideró el caso como una paradoja, pues  “en este pequeño país, en el que la vida no vale nada, nos pongamos a hablar sobre la eutanasia, el suicidio asistido, la muerte digna”; sin embargo y frente a este tema, ha manifestado estar convencido de que la sociedad necesita respuestas del Estado, de la justicia, de la salud y de la academia.
 
En el foro ha participado parte del equipo jurídico de Roldán. Uno de sus abogados, el penalista Pablo Encalada, mencionó que la ELA le impide a la paciente controlar sus músculos y moverse, pero sus capacidades intelectuales están intactas, por lo tanto, depende al 100 por ciento de otras personas.
 
Pero el caso de Roldán no es el único, según Encalada, hay muchos casos de situaciones similares y hasta peores. Pero en Código Orgánico Integral Penal (COIP) impone una pena de 10 a 13 años de cárcel a quien asista en un auxilio al suicidio.
 
“Constituye una barrera legal que impide la práctica legal de la eutanasia aun cuando clandestinamente en Ecuador se realicen (por información de la Policía Nacional) sabemos que se practican procedimientos eutanásicos o suicidios, más bien suicidios, de 90 suicidios al año por razones de enfermedades terminales”, ha mencionado en el foro.
 
Por ello ha mencionado algunos justificativos del pedido al Estado. Según el jurista hay varias violaciones a derechos constitucionales como la dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad, fomento de la autonomía y disminución de la dependencia, integridad física y el derecho a morir dignamente.
 
Así mismo, Ramiro Ávila Santamaría, exjuez de la Corte Constitucional y que también respalda a Roldán, ha justificado el pedido para autorizar la eutanasia porque “la muerte es parte esencial de la vida y es necesario tener empatía con quienes están padeciendo”
 
Por su parte, Carlos Reyes, psicólogo, docente y perito en el caso, ha hecho un análisis sicológico sobre la ELA y los parámetros de valoración. Además, indicó que realizó una valoración psicológica de Roldán, que incluyó un análisis del uso de la facultad de los procesos cognitivos.
 
Explicó parte de su valoración a la paciente demandante en relación a las funciones cognitivas, abordó la depresión, la valoración del dolor y la calidad de vida.
 
Sybel Martínez, directora del Observatorio de Género de la UTE, cerró el foro con algunas reflexiones. Entre ellas que “parece mandatorio despenalizar la conducta de terceros que colaboran o auxilian a personas que manifiestan, libre y voluntariamente, que deseen la muerte mediante la eutanasia o suicidio asistido”.
 
También ha dejado claro que “no podemos olvidar que una decisión, quizá la más importante de este país, hay que hacerlo con cuidado y desde una mirada integral para impulsar el diseño, la implementación y el reforzamiento de políticas públicas en materia de salud que garantice la entrega de cuidados paliativos y acompañamiento sicológico”.
 
El dato
 
El 20 de noviembre, la Corte Constitucional tratará el caso de Roldan.
 
 

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