Edición Médica

Alexis Tapia, Carolina Albán y Andrés Amaya.

Jonathan Veletanga. Quito
La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario ha beneficiado a miles de profesionales de salud con la entrega de nombramientos definitivos por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP) e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), sin embargo, no todo ha sido muy bueno, ya que también ha perjudicado a un grupo grande de médicos.
 
Alrededor de 300 médicos del posgrado nacional de Medicina Familiar y Comunitaria, becados por el MSP y Seguridad Social se sienten afectados debido a que no han logrado acceder a ningún beneficio que se ha establecido, más bien sostienen que esta ley ha vulnerado uno de sus derechos fundamentales: la estabilidad laboral.
 
En entrevista con EDICIÓN MÉDICA, Alexis Tapia, representante de la Asociación de Especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria (Aemfyc), ha manifestado que la mayoría de médicos devengantes de beca y posgradistas de esta especialidad no han conseguido el “tan anhelado” nombramiento, a pesar de cumplir con los criterios propuestos en la Ley Humanitaria.
 
La Aemfyc está compuesta por 97 médicos de familia devengantes de beca de varias universidades (de la segunda cohorte) que estuvieron al frente de la pandemia y en contacto con pacientes de COVID-19. A pesar de esto “nuestras carpetas siempre las rechazó el ministerio. Nos argumentaban que nosotros somos devengantes y no tenemos ese derecho, pero eso no dice la ley”, ha mencionado Tapia.
 
Otro de los problemas que les trajo la Ley Humanitaria, a su decir, es que se les perjudica en el tiempo a devengar, es decir, de 2x1 se les redujo a 1x1 el periodo de devengación, lo cual “nos perjudica también” en relación a la estabilidad laboral (que estaba prevista al inicio del posgrado).
 
La Medicina Familiar no tiene mucha entrada laboral en el ámbito privado, por ello el posgrado nacional propuso crear especialistas para trabajar en el Sistema de Salud Público, pero “al reducirnos el tiempo de devengación (el tiempo laboral) a tres años, nos están disminuyendo nuestra estabilidad. Entonces, no fue muy conveniente para nosotros a diferencia de otras especialidades… Hay compañeros que ya están por terminar su devengación y en ese momento es muy probable que salgan al desempleo; y eso no es justo porque muchos se contagiaron e incluso estuvieron hospitalizados”, ha sostenido Tapia, quien se encuentra en periodo de devengación con el MSP.
 
Pero no solo ellos han sido perjudicados por la Ley Humanitaria. Los médicos posgradistas de la tercera cohorte del posgrado nacional de Medicina Familiar y Comunitaria también han sentido esta vulneración de derechos. “Aproximadamente 178 médicos (de la UCE, PUCE y Universidad de Cuenca), estamos tratando de unirnos a la segunda cohorte porque estamos en esta problemática”, ha asegurado Carolina Albán, perteneciente a este grupo de profesionales.
 
Albán es posgradista la PUCE y becada por el IESS. Desde hace 3 meses espera que le notifiquen el inicio de su devengación. Ha recordado que durante la pandemia estaban cómo “estudiantes”, por lo que no podían ser considerados para los nombramientos definitivos bajo ninguna circunstancia. No obstante, “hemos sido afectados como ellos (segunda cohorte) porque tenemos un contrato firmado por 6 años, pero con la Ley Humanitaria nos quieren reducir a 3 años el contrato”.
 
Las autoridades no quieren respetar el contrato original de 6 años argumentando que la Ley Humanitaria es “retroactiva” y pese a que ninguno de los posgradistas (becados por el MSP e IESS) no se acogió a esta ley. Entonces, “nosotros no recibimos ningún beneficio”, ha subrayado.
 
La especialista en Medicina Familiar ha puntualizado que esta ley favoreció más a los posgradistas que tenían una beca privada o eran autofinanciados. Por eso, ha insistido en la importancia de que las autoridades respeten el periodo de devengación original, ya que eso les proporcionaría estabilidad laboral por al menos 6 años y, durante este tiempo, puedan participar en concursos de méritos y oposición para ganar un nombramiento definitivo.
 
EDICIÓN MÉDICA ha pedido dos entrevistas con autoridades de la Dirección Nacional de Normatización del MSP y Dirección Nacional de Talento Humano del IESS para conocer por qué se produce esta situación y si tienen algún plan para solucionarlo. La Dirección Nacional de Comunicación del IESS ha contestado que “le comunicaré si conseguimos el vocero para que atienda su requerimiento”. Mientras que el MSP no se ha dado ninguna respuesta a nuestra solicitud.
 
Frente a este panorama, los médicos posgradistas han tenido que recurrir a una acción de protección (en mayo de 2021) para encontrar soluciones. No obstante, si bien los jueces fallaron a su favor en primera instancia, ahora está estancada debido a una apelación por parte de las autoridades del MSP, ha informado Andrés Amaya, abogado de la Aemfyc.
 
“Hasta la fecha estamos esperando en la Corte Provincial la sentencia para ratificar la sentencia de acción de protección en la cual se debían otorgar los nombramientos a los médicos devengantes. Pero, sabemos que si existe algún tipo de presión esto no sale… Las autoridades buscan cualquier ‘pero’ para incumplir las disposiciones judiciales”, ha lamentado.
 
Lastimosamente no hay voluntad para ayudar a los galenos, las autoridades del IESS y MSP han cerrado las puertas para entablar un diálogo y encontrar una solución para todos los médicos de Medicina Familiar. Por esta razón, tienen planificado presentar otras acciones legales.

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