Edición Médica

Alegría Báez, abogada de DS Legal Group.

Redacción. Quito
Desde que entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal (COIP) las demandas por supuesta mala práctica médica por parte de pacientes, familiares o terceros interesados, han aumentado significativamente en Ecuador. Esto ha generado mucha preocupación en el sector sanitario, pues en los últimos años también se ha evidenciado un linchamiento mediático muy fuerte en contra de los implicados, tanto en medios de comunicación tradiciones como en las redes sociales.
   
En conversación con EDICIÓN MÉDICA, la abogada del despacho jurídico especializado en Derecho Sanitario ‘DS Legal Group’, Alegría Báez, ha manifestado que las reclamaciones en redes sociales y canales de comunicación están tomando mucha fuerza, por lo que su impacto es preocupante.
 
Pero, ¿cómo inician los ataques mediáticos? Báez ha explicado que esta tendencia tiene un ‘modus operandi’ específico. En la mayoría de los casos, inicia con la presentación de la reclamación, la cual genera inconformidad. Esto hace que el demandante busque la asesoría de un abogado. Desde ese momento, la estrategia es crear cuentas ficticias en varias redes sociales para, mediante un patrón de repetición, utilizar diversos ‘hashtags’ en contra del profesional de la salud implicado.
 
De esta manera, el caso se hace mediático y los testimonios y peticiones de justicia se vuelven ‘virales’. Esta situación provoca intimidación y “mancha” el nombre del profesional de la salud, ya que se lo califica como “criminal, asesino, irresponsable, entre otros”. Además, atrae la atención de los medios de comunicación (televisión, radio y prensa), lo que impulsa a la ciudadanía a emitir su juicio y sentenciar desfavorablemente a los sanitarios, ha señalado la abogada.
 
Asimismo, ha mencionado que la mayoría de los pacientes, familiares o terceros interesados, consideran necesaria la presión mediática, debido a que puede influir cuando el caso pase a una instancia procesal. “En la mayoría de casos se ha observado que las autoridades competentes tienen esa presión y la noción de que sus decisiones estarán ante los ojos de todos los medios de comunicación”, ha insistido.
 
Por esta razón, se puede considerar que las reclamaciones en medios de comunicación son herramientas “mal utilizadas”, es decir, no se aplican de una forma técnica, justa, ni razonable, lo que las convierte en una estrategia de comunicación en crisis, ha enfatizado Báez.  
 
Llevar un proceso reservado es “clave” para que se cumplan con los derechos del debido proceso. Por ello, es fundamental buscar la manera de regular o detener este tipo de actuaciones, que solo entorpecen el proceso judicial, ha concluido la especialista en derecho sanitario.

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