Edición Médica

Santiago Carrasco, presidente del Colegio Médico de Pichincha.

Diego Mosquera. Quito
Un comité del Colegio Médico de Pichincha (CMP) ha presentado en Ginebra un informe sobre la situación de los médicos ecuatorianos ante las sanciones en el Código Integral Penal que incluye hasta 16 años de prisión por una presunta “mala práctica médica”.

El tema se presentó en el "Panel de debate sobre las buenas prácticas y desafíos clave relacionados con el acceso a los medicamentos como uno de los elementos fundamentales del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental" que se ha realizado ante altos comisionados de la Organización de las Naciones Unidas.

Intervernción de Carlos López en la ONU

En el informe presentado se ha mencionado que “tras la adopción en el año 2014 de una nueva legislación penal, la Medicina ha pasado a ser la única profesión liberal cuyo ejercicio está amenazado con sanciones penales que van hasta los 16 años de prisión.  Esto por la implementación de dos figuras delictivas concretas: la muerte o lesiones resultantes de una supuesta mala práctica médica y la negativa de atención a un paciente en estado de emergencia (arts. 146 y 218 del Código Orgánico Integral Penal)”.

Sobre el tema Santiago Carrasco, presidente del CMP, ha explicado a REDACCIÓN MÉDICA que este es un recurso que han adoptado al no tener respuesta de las autoridades ecuatorianas.

“Ecuador es el único país en donde se criminaliza la práctica médica, los galenos estamos expuestos a demandas que en su mayoría no son resueltas por las personas idóneas para juzgarlas, no hay peritos especializados y los pocos que trabajan en ello son insuficientes” ha dicho.

En el texto del informe se ha señalado que en los dos primeros años de vigencia de la nueva legislación, según estadísticas oficiales de la Fiscalía General del Ecuador, más de 300 médicos fueron sometidos a investigación penal en aplicación de estos tipos penales.

Miedo al ejercicio profesional

Según el texto, la denuncia por el presunto cometimiento de uno de estos delitos suele ser un mecanismo extorsivo empleado para obligar al médico investigado a pagar altas compensaciones económicas.

Las consecuencias negativas que derivan de tal situación, entre otras, son, el efecto disuasivo en el ejercicio de la presión médica; la demora en la toma de decisiones (por el riesgo de un juicio penal sea que el médico intervenga sin poder conseguir un resultado “exitoso” o que resuelva no intervenir precisamente para no ser señalado por presunta mala praxis), menciona el informe.

La aplicación del COIP

Sobre este tema, Carlos López, médico que fue encarcelado por una presunta negativa de atención y que luego fue liberado, ha mencionado que “la falta de preparación de los operadores de justicia sobre el alcance y criterios de aplicación de estas nuevas figuras ha conducido a que, en la práctica, médicos inocentes que atendieron con rigor científico y profesionalismo pero que no pudieron por factores ajenos a su control alcanzar el resultado esperado por el paciente o sus familiares, terminen en la cárcel descalificados en su opinión y decisiones; o peor aún, sancionados por ‘falta de atención’ pese a haber atendido al paciente”.

“Cuando intervenimos muchos de los presentes quedaron sorprendidos de que el Ecuador esté sucediendo esto, y se solidarizaron con nuestra situación ya que demostramos que la Ley se está aplicando de manera incorrecta”, ha dicho.

El pedido

En el documento presentado, se ha solicitado a la ONU que se recomiende al Ecuador una reforma legislativa a fin de que la responsabilidad profesional en el ámbito médico sea abordada desde la perspectiva administrativa y eventualmente civil indemnizatoria, pero no a través del derecho penal.

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