Edición Médica

Cristian Cevallos, presidente de la SECI.

Cristina Coello. Quito
La aplicación de la Ley Humanitaria sigue causando desasosiego entre algunos profesionales que han sido excluidos de sus beneficios, a pesar de haber enfrentado en primera línea la pandemia. Es el caso de más de un centenar de intensivistas que atendieron en los hospitales del Ministerio de Salud (MSP), Seguridad Social (IESS) y de las Fuerzas Armadas y Policía.
 
Cristian Cevallos, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cuidados Intensivos (SECI), se ha lamentado que sean los profesionales de la salud quienes resulten ser los más perjudicados, no solo por la inconstitucionalidad del artículo 25 de la Ley Humanitaria, sino también por la fragmentación del sistema nacional de salud, que ha sido otra de las trabas para que puedan acceder a la estabilidad laboral.
 
En entrevista con EDICIÓN MÉDICA, Cevallos ha detallado que 44 intensivistas de los hospitales del MSP; 67 del IESS, y 8 de los hospitales de las Fuerzas Armadas y Policía se han quedado sin nombramientos definitivos, sea por irregularidades en la selección en las unidades operativas, por la inconstitucionalidad o porque no tienen una resolución clara de las autoridades gubernamentales.
 
“Lamentablemente todas las instituciones que conforman el sistema de salud, que son cobijadas por el Estado, no han acogido la aplicación de la Ley Humanitaria y está generando conflicto”, porque cada institución tiene sus reglamentos y se restringe el acceso a un nombramiento definitivo, ha explicado el presidente de la sociedad.
 
A eso se hay que añadir que quienes son devengantes de beca (48 médicos) “no son considerados como especialistas para el nombramiento, pero si los consideraron así para atender la pandemia”. Es decir, son contradicciones que finalmente les perjudica a estos profesionales y que las autoridades no terminan de dar solución, ha reclamado el directivo.
 
“No sé que figura está tomando el Estado para no tomar en cuenta a los devengantes de beca y muchos de ellos terminan en diciembre su contrato provisional, aunque atendieron toda la pandemia y hasta se contagiaron de COVID-19. Incluso, algunos de ellos fueron transferidos de un hospital a otro por algunos meses, por ejemplo, pasaron de la Maternidad Isidro Ayora al Hospital Eugenio Espejo. Debieron ser considerados primero”, ha descrito Cevallos.

A pesar de haber mantenido una reunión con la ministra de Salud, Ximena Garzón, el representante de la Sociedad ha manifestado su contrariedad por estar “suplicando que se cumpla la Ley”, pues la respuesta de la funcionaria fue atribuirle al Ministerio de Trabajo el papel de crear la partida, y al Ministerio de Finanzas el de entregar el presupuesto.
 
Si bien, Cevalllos ha admitido que no todos los intensivistas pueden ser considerados en los hospitales de las grandes ciudades, existen otras unidades en diferentes zonas del país, principalmente del MSP, donde sí son necesarios y las autoridades no han delineado una política adecuada de distribución del talento humano.
 
Por otro lado, la Sociedad ha enviado una carta a las autoridades del IESS donde han expuesto la situación y han solicitado una reunión, pero hasta el momento no han recibido ninguna respuesta.
 
El dato
 
El gran porcentaje de intensivistas excluidos de los programas de estabilidad laboral están en unidades de salud de las provincias de Pichincha, Guayas y Manabí. 

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