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EN PICHINCHA
Cirujano y anestesiólogo procesados por presunto homicidio culposo por mala práctica profesional
Habrían realizado un mal procedimiento de reanimación y maquillado las historias clínicas, según la Fiscalía
Miércoles, 02 de diciembre de 2020, a las 12:33
La instruccin fiscal durar cincuenta das.

La instrucción fiscal durará cincuenta días.


Redacción. Quito
La Fiscalía Especializada en Personas y Garantías de Pichincha ha abierto una instrucción fiscal de cincuenta días contra Álex C. (médico cirujano), Edgar P. (anestesiólogo) y Helen R. (dueña de una clínica estética) por un presunto delito de homicidio culposo por mala práctica profesional.
 
En la audiencia de formulación de cargos, la jueza de garantías penales ha dispuesto la presentación periódica, prohibición de salida del país y de enajenar bienes para los procesados, ha informado la Fiscalía en un comunicado.
 
El caso
 
La investigación, dirigida por el fiscal Alexei Hoyos, inició tras la muerte de Andrea R., de 34 años, presuntamente por una abdominoplastia, que fue practicada por los dos profesionales de la salud en una clínica estética el 2 de agosto de 2019.
 
Según el informe de autopsia, la causa del fallecimiento fue un edema pulmonar. A esto se suma la investigación de Fiscalía que determinó que el quirófano no contaba con instrumentos de uso obligatorio para atender una emergencia.
 
Por estos motivos, habría existido un mal procedimiento de reanimación por parte de los médicos y no se le habría suministrado los medicamentos de forma oportuna a la víctima para salvarle la vida.
 
Además, habrían maquillado las historias clínicas para evitar que se conozca lo que en realidad pasó en la operación y la clínica no contaba con los permisos otorgados por la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS), es decir, habría estado funcionando clandestinamente, ha detallado la Fiscalía.
 
El dato
 
Este caso se procesa según el artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), cuya sanción establece una pena privativa de libertad de tres a cinco años.



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