Edición Médica

Elizabeth Pauker, representante de la Comunidad de Mujeres Médicas.

Cristina Coello. Quito
La Comunidad de Mujeres Médicas en Ecuador, ha rechazado el accionar de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, que facilitará la publicación de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo por violación, con las objeciones establecidas por el presidente Guillermo Lasso.
 
En entrevista con EDICIÓN MÉDICA, la fundadora y vocera de esta comunidad, Elizabeth Pauker, ha considerado que los términos en el tratamiento de la Ley han sido distorsionados “desde el concepto, hasta lo que implicaría el ejercicio” de la práctica médica, en casos de una emergencia obstétrica y de un aborto por violación.
 
Pauker ha aclarado que la agrupación no está promoviendo el aborto, pero “frente a una situación de violencia como es la violación, el Estado tiene la obligación de prevenir la revictimización a niñas, adolescentes y todas las mujeres que no deseen ser madres o no estén en condiciones de serlo, garantizando su atención en salud y salvar al menos una de las dos vidas, cuya prioridad es la de la madre”.
 
Así mismo, ha resaltado que las médicas tienen una postura “en favor de las víctimas” y que al no establecer una normativa adecuada se está generando un “retroceso al ejercicio de los derechos” de las mujeres y exponiendo su integridad si se aplican las condiciones establecidas (judicializa el procedimiento) en esa ley para una interrupción del embarazo.
 
“La judicialización lleva a la revictimización, al riesgo de no concretar la denuncia junto al examen físico y que la paciente pueda tener acceso a un derecho como es el cese voluntario y legal de un embarazo producto de violación. Hay que ser coherentes, tenemos una justicia que no responde a las necesidades y estas circunstancias tan traumáticas, especialmente para las niñas, adolescentes, son vejatorias y por eso la gente prefiere callar”.
 
También ha recordado que organismos de derechos humanos internacionales han hecho al país observaciones importantes de las deficiencias en esos aspectos y “hasta la fecha no se han manejado como corresponde”.
 
¿Qué pasa con las muchas niñas y adolescentes que viven a diario esa violencia sexual en su entorno familiar? ¿Cómo ejecutan una denuncia judicial para acceder a una interrupción del embarazo seguro? Han sido algunas de las preguntas que ha planteado la médica, quien además alertó del aumento de suicidios en adolescentes embarazadas producto de una violación. “Nadie habla de eso”, ha dicho.
 
Pauker se ha mostrado preocupada porque no evidencia gestión legislativa, ni gestión desde lo público, en el sentido de que los profesionales de la salud siguen “atados de manos” para atender las pacientes violentadas sexualmente al requerir una denuncia y, a eso, sumar la posibilidad de una objeción de conciencia institucional.
 
En este último punto, la vocera ha planteado “la dualidad del profesional de la salud”, en el cual, según ella, el momento que se ejerce como profesional “todos los juicios de valor o religiosos, tienen que quedar aparte”.
 
“Si se trabaja en área pública, hay que estar claro en que hay que alinearse con la cultura institucional y dar atención a todas pacientes en la condición que sea”, ha insistido.
 
La representante de Mujeres Médicas ha recalcado que la situación de violencia sexual “no necesariamente es un problema de pobreza. Los riesgos se encuentran en todos los niveles”, ha dicho.
 
Pero consideró que “la mujer de clase alta y profesional no se va a arriesgar hacer un procedimiento que va a quedar escrito con el cual será señalada e identificada. La mujer violada es considerada producto de desecho, se piensa que no es firme y por eso se han aprovechado de ella, entonces en el tema hay que ser muy cuidadoso”, ha advertido.
 
El aborto es un problema de salud pública
 
Pauker ha insistido en que al ser ilegal el aborto, no existen datos, ni estadísticas claras, pero “el momento en que a una mujer se le niega el acceso a un procedimiento en condiciones adecuadas, la exponemos a someterse a cualquier tipo de aborto clandestino o inseguro con tal de terminar con una situación tan traumática como ha sido un embarazo por violación”.
 
“Hemos recibo pacientes en la emergencia con restos de artefactos intrauterinos producto de estos intentos de aborto hechos de cualquier manera. Entonces, la situación nos preocupa como profesionales porque el aborto es un problema de salud pública, y muchos tenemos la responsabilidad de atender estas pacientes”, por tanto, se requiere una normativa clara y acorde a la realidad, ha insistido.
 
“Criminalizar al procedimiento que lo llaman aborto me parece absurdo, cuando en nuestros juramentos se establece que vamos a respetar la autonomía y dignidad del paciente en nuestra atención y además vamos a dar servicio desde el más alto nivel. Aquí hay contradicciones, posiciones basadas en dogmatismos, doctrinas, ideologías y por eso hacemos un llamado a rever esta postura. Si bien respetamos las creencias personales, cuando hablamos de salud, no podemos caer en esos dogmatismos. Hay que valorar los protocolos donde la vida de un ser humano está en riesgo”, ha argumentado la representante de la comunidad.
 
Finalmente, Pauker ha reflexionado en que una vez publicada la Ley habrá que establecer reglamentos, normativas, protocolos, etc. pero muy probablemente se quedará entrampado en la judicialización de un derecho que tienen las mujeres.
 

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