Edición Médica

El colectivo Acción Jurídica Popular ha presentado una acción de protección a favor del personal de salud.

Jonathan Veletanga. Quito
La Corte Provincial de Pichincha ha negado la acción de protección que buscaba garantías para proteger al personal sanitario (médico, personal de apoyo y administrativos) que lucha en primera línea contra el CoVID19 y que no cuentan con los suficientes insumos para su labor en esta emergencia sanitaria. Se demandaba al Estado recursos necesarios para ello.
 
EDICIÓN MÉDICA ha conversado con David Paz, miembro de Acción Jurídica Popular, colectivo que presentó esta acción de protección, para conocer los argumentos por los cuales se negó esta acción.
 
“Nos negó la acción de protección, pese a que el MSP reconoció que existe un 5 por ciento de profesionales que no cuentan con EPP”, ha dicho.
 
¿Por qué presentaron esta acción de protección?
 
La acción de protección estaba a favor del personal sanitario del Sistema de Salud Pública que se encuentra desprotegido, pues no se les ha entregado los suficientes equipos de protección e insumos médicos para tratar a los pacientes con CoVID19. Se presentó por las omisiones del Estado, por parte del Ejecutivo, Ministerio de Salud Pública (MSP), Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y Procuraduría General del Estado.
 
No somos actores políticos, somos ciudadanos que estamos dolidos e indignados por lo que está sucediendo en nuestro país, que además no es solo visión nuestra. Es una realidad que ha sido puesta en la palestra en medios a nivel internacional.
 
¿Qué sucedió en la audiencia?
 
Fue una audiencia de casi tres horas y cada una de las instituciones mencionadas tenía a sus litigantes defendiendo su gestión. Voy a resumir a grosso modo los principales argumentos. Pero hay que resaltar de forma negativa la actuación del abogado de la Presidencia, quien se rió de forma burlona de la acción presentada.
 
El abogado de la Presidencia argumentó que no hubo vulneración y nos tildó de ‘alarmistas y terroristas’ en función de que estamos causando conmoción social con algo inexistente, pues a los médicos se les habría entregado siempre todos los equipos de protección personal (EPP), por ende están bien. Además, dijo que la acción estaba equivocada porque tenía que ser presentada frente a la Corte Constitucional y que ellos son los que deben determinar esto, y no el juez de flagrancia donde fue sorteada la acción.
 
El abogado del MSP fue más técnico y, entre sus argumentos, dijo que el 95 por ciento del personal sanitario si recibió la dotación de EPP, no puntualizó cómo fue destinada ni en qué circunstancias fue entregada. El 5 por ciento que no ha recibido los EPP ha sido porque así como hay gente que no se acoge al estado de excepción y al toque de queda, asimismo hay personal que se ha negado a utilizar los EPP. Además, señaló que el personal sanitario tenía todos los recursos necesarios y que son fake news las pruebas que presentamos, que entre otras cosas son recortes de prensa. En este sentido, argumentó que esos elementos eran meras opiniones de la prensa y que no son verdad.
 
El abogado del IESS mencionó que la Seguridad Social ha hecho la compra de todos los insumos y que los hospitales del IESS si tienen los EPP correspondientes. Inclusive dijo que en Guayaquil, a pesar de los problemas evidenciados, todos los médicos tienen absolutamente todo lo que requieren. Por esta razón, nuestra acción no era viable.
 
Por último, el abogado de la Procuraduría General del Estado dijo que nosotros nos tomamos atribuciones de victimas cuando no lo somos, esto debido a que no somos médicos, no pertenecemos al Sistema de Salud y mucho menos somos funcionarios públicos. Para ella esta acción era legal si la ponía un grupo de médicos o el defensor del pueblo.
 
¿Cuánto tiempo le tomó al juez deliberar?
 
El juez se tomó dos horas para deliberar. En su sentencia señaló que no encuentra los elementos necesarios para decir que el Estado no ha cumplido con el personal sanitario. Por ello nos negó la acción de protección, pese a que el MSP reconoció que existe un 5 por ciento de profesionales que no cuentan con EPP.
 
¿Cómo ven la situación actual del personal de salud?
 
Nosotros planteamos que el Estado no estuvo preparado para una pandemia como esta, y estamos completamente de acuerdo que ningún país lo estaba, pero el asunto es que en esta emergencia sanitaria el personal de salud de primera línea (médicos, enfermeras, camilleros y hasta guardias de seguridad) no tiene el equipo necesario para prevenir la enfermedad. Esta es una realidad.
 
Asimismo, las jefaturas administrativas de cada uno de los hospitales pertenecientes al sistema público de salud emiten información completamente distorsionada, esta llega al ministro de salud, quien a su vez también emite información distorsionada.
 
Entonces, cuando se evidencia la mala gestión pública de las autoridades, lo que están haciendo es recurrir al amedrentamiento para callar y ganarse verdades inexistentes a la fuerza. Por este y otros motivos, la gente se queda en indefensión.
 
¿Crees que ha mejorado la dotación de EPP en el país?
 
Tenemos dos realidades, que son completamente distintas. Tienes la realidad que te presentan los medios alternativos y ciudadanos, mientras que los medios tradicionales se ajustan a la premisa de no crear conmoción social. Son completamente distorsionadas las realidades, entre lo que sucede y lo que el Estado dice que pasa.
 
Tras este fallo desfavorable, ¿cuál es su siguiente paso?
 
Como colectivo analizaremos las acciones pertinentes, pero es seguro que no nos vamos a quedar quietos porque estamos convencidos que el Estado per se trabaja de una forma completamente irrespetuosa frente a los ciudadanos y a los grupos vulnerables. El sistema es caduco y nos obliga a tomar este tipo de acciones en defensa de los ciudadanos y las personas comunes.
 
Para concluir, ¿cuál es tu mensaje para los profesionales de salud que enfrenta esta pandemia?
 
Primero, gracias por todo lo que están haciendo, sacrificando y por exponerse en virtud de su vocación de servicio. Ante esto, apelo a que no se permitan este tipo de injusticias. Levanten la voz y ayuden a gestionar este tipo de iniciativas.
 
Entiendo que el amedrentamiento es fuerte, pero la única forma de romper el miedo es enfrentándolo. Hay personas que nos ayudamos entre nosotros para enfrentar ese miedo porque el Estado no puede seguir vulnerando derechos.

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