Edición Médica

La audiencia de juicio duró 30 días.

Redacción. Quito
Después de treinta días de audiencia de juicio ocho personas han sido halladas culpables del delito de peculado en un proceso de adquisición de fundas para cadáveres y otros insumos médicos llevado a cabo en el Hospital de Los Ceibos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en Guayaquil.
 
Por este motivo han sido sentenciadas a 13 años de pena privativa de libertad a Susana Paola M. L., exgerente general del Hospital del Norte de Guayaquil Los Ceibos; Cristina del Rocío G. Z., responsable de Compras Públicas de esa casa de salud; y, Johana Isabel V. F., exsubdirectora administrativa-financiera, como autoras directas del delito de peculado. La misma pena deberán cumplir Sandra Marynelcy O. R., representante de la empresa Silverti; Lenin Alfonso R. G., Alejandro B. R. y Daniel Josué S. B, como coautores de la infracción.
 
En cambio, Jorge Antonio S. B., fue sentenciado a 6 años con 6 meses de cárcel, ha informado el IESS en un comunicado.
 
La sentencia también contempla la reparación inmaterial al Estado, con la publicación de disculpas públicas en un medio impreso de circulación nacional y la publicación de la sentencia en la página web del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
 
El caso
 
Durante la audiencia, se han analizado integralmente las pruebas testimoniales, periciales y documentales presentadas por la Fiscalía General del Estado. La fiscal del caso, Claudia Romero, convocó a un total de 112 testigos y peritos, e introdujo 126 pruebas documentales, medios probatorios que fueron presentados ante el Tribunal integrado por los jueces Francisco Flores (Ponente), Mónica Abad y Francisco Dávila.
 
De esta manera, se ha determinado que Susana M., Cristina G. y Johana V., como funcionarios del Hospital de Los Ceibos, dispusieron arbitrariamente de fondos públicos para la adjudicación de un contrato para el que se asignó una partida presupuestaria de 872.000 dólares.
 
Asimismo, los jueces han evidenciado una serie de inobservancias a la normativa de contratación pública, como falta de un adecuado estudio de mercado y un injustificado incremento en los rubros de los insumos, como las fundas para cadáveres (adquiridas en 148.5 dólares), aprovechándose de la declaratoria de estado de excepción por la pandemia de COVID-19.
 
Además, se ha demostrado que en el proceso se falsificaron firmas para validar la compra con la empresa adjudicataria y que se incluyeron proformas falsas para beneficiar a Silverti S.A. “En comparación con lo ofertado por otras empresas, a esa fecha, en el precio de las bolsas para cadáveres se encuentra un incremento estimado superior al 300 por ciento, lo cual no se justifica”, ha manifestado el Juez ponente.
 
Por su parte, el Tribunal ha señalado que esta contratación fue suscrita y contó con el respectivo informe de recepción a conformidad de los insumos, sin embargo, no fue pagada debido a las denuncias públicas y posterior investigación de Fiscalía.
 
“Que no se haya realizado el pago no significa que el actuar de las servidoras públicas sea justificable, al haber dispuesto de recursos públicos de manera arbitraria… Además, en el proceso hubo la participación de otras personas que, sin ser funcionarios públicos, coadyuvaron para que se perfeccione el delito, actuando para beneficiar a una empresa particular”, ha agregado.

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