Edición Médica

Representantes de las organizaciones de mujeres.

Redacción. Quito
Representantes y miembros de Fundación Desafío, Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, Asociación Mujeres con Voz y la articulación Trenzando Feminismos se han dado cita en exteriores de la Asamblea Nacional para exigir la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del embarazo en caso de violación.
 
“La Asamblea Nacional tiene un gran pendiente que no merece prórroga y es acelerar el proceso para aprobar una la Ley de Interrupción del Embarazo en caso de Violación. Saludamos la elaboración de la reunión para aprobar el primer informe, y esperamos que el proceso termine en el plazo estipulado por la Corte Constitucional (hasta el 28 de diciembre). En este marco las organizaciones de mujeres seguimos en vigilia, para que el contenido de la ley no sea regresivo y refleje la realidad de las niñas violadas y embarazadas; de las mujeres que con dignidad y valentía le ponen fin a un embarazo violento producto de un crimen; y de todas las personas con posibilidad de gestar y abortar que no quieren parir de un violador”, han señalado en un comunicado.
 
Han recordado que el aborto por violación ya es legal en el país, puesto que la Corte Constitucional así lo ha sentenciado el pasado 28 de abril. Por lo tanto, la Asamblea Nacional tiene que aprobar una ley que responda a la realidad de las mujeres que viven en el Ecuador.
 
“Estamos alzando la voz de lucha porque estamos esperando que los asambleístas dicten la aplicación de la ley… La Corte Constitucional puso en manos de la Asamblea para que de los lineamientos de la aplicación (de la Ley de Interrupción Voluntaria del embarazo en caso de violación), ha dicho Consuelo Arequipa, de la Organización de Mujeres Intercultural de Quito, en rueda de prensa, convocada por las organizaciones.
 
Arequipa ha insistido en que el país necesita esta ley por las circunstancias que viven las mujeres en su día a día.
 
Según datos de las organizaciones de mujeres, todos los días 8 niñas dan a luz producto de violación y 8 niñas abortan. Además, cada día se receptan 11 denuncias de violación, 2 de cada 3 mujeres expresan que su embarazo no fue intencional, 1 de cada 3 mujeres ha vivido violencia sexual en su vida, 172 mujeres han muerto víctimas de feminicidios,
 
Virginia Gómez de la Torre, de Fundación Desafío, ha mencionado que lamentablemente algunos asambleístas están planteando una “ley retrograda, una ley anticonstitucional”. Por ello, esta posición debe ser eliminada de este proceso.  
 
Entonces, “lo que tiene que hacer la Comisión de Justicia es aprobar una ley que ya tiene un documento, que fue elaborado por la Defensoría del Pueblo”, es decir, debe basarse en este documento, mejorarlo y resolver esos puntos críticos, como por ejemplo, eliminar los plazos, no exigir una denuncia, una declaración juramentada o un examen médico, la regulación de la objeción de conciencia, entre otros.
  
“La objeción de conciencia puede convertirse en una trampa al momento que las mujeres accedan a los servicios. La objeción de conciencia debe quedar en el texto de la ley. Es una responsabilidad del Estado garantizar que en el sistema de salud no existan objetores de conciencia”, ha enfatizado.
                                                                                                                                                 
Gómez de la Torre ha instado a la Asamblea a aprobar la ley en el tiempo estipulado por la Corte Constitucional, hasta el 28 de diciembre. “No aceptamos prorrogas. Aprueben la ley porque tienen todos los elementos para este mes. No queremos que haya dilatación de tiempos”.
 

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