Edición Médica

El Decreto Ejecutivo 645 es un 'duro golpe a la salud pública'.

Redacción. Quito
El Decreto Ejecutivo 645 que reduce la tarifa del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) de productos nocivos como el tabaco, alcohol, bebidas y azucaradas, fundas plásticas, cigarrillos electrónicos y armas, continúa generando reacciones en contra. Esta vez distintas organizaciones, instituciones, ciudadanas y ciudadanos están exigiendo al Presidente Guillermo Lasso y su administración, derogarlo porque es un “duro golpe a la salud pública”.
 
A través de un manifiesto público, han señalado que mediante este decreto el Presidente Lasso revirtió una medida técnica tomada por el Servicio de Rentas Internas (SRI) el 27 de diciembre de 2022, la cual había sido vista de buena manera por la ciudadanía, las organizaciones sociales, el Ministerio de Salud Pública (que respaldaba el ajuste al impuesto de productos no saludables), OPS/OMS, UNICEF, y numerosas organizaciones nacionales e internacionales comprometidas con la defensa de la salud y la contención de la pandemia de enfermedades no transmisibles (ENT).
   
La medida del SRI “pretendía ajustar por la inflación el ICE de cuatro tipos de productos que atentan contra la salud de los seres humanos y la naturaleza: tabaco, alcohol, bebidas industriales azucaradas y fundas plásticas”. Sin embargo, el Decreto Ejecutivo 645 elimina esta decisión y disminuye el ICE a esos productos, pero además aprovecha la oportunidad para hacer una sustancial disminución del ICE ad valorem de cigarrillos electrónicos y otros sistemas electrónicos de administración de nicotina (del 150 por ciento a 50 por ciento) y a las armas (del 300 por ciento a 30 por ciento).
 
Por lo tanto, “esta medida resulta atentatoria de los diversos instrumentos internacionales sobre la materia que ha ratificado Ecuador y que hacen parte del ordenamiento jurídico interno.
   
En este contexto, las organizaciones y ciudadanos adheridos al manifiesto público (cerca de 100) han señalado que de acuerdo al Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud (OMS), el aumento de impuestos a productos nocivos y el consiguiente incremento en el precio de los mismos, han demostrado ser medidas efectivas de salud pública, las cuales se reflejan en menos enfermedades, discapacidades y muertes, especialmente por ENT.
 
Asimismo, reducen los gastos futuros en salud y generan ingresos que pueden beneficiar a los hogares pobres cuando son usados progresivamente.
 
Lamentablemente, según evidencia científica generada en Ecuador y otros países, en los últimos años hubo “un aumento persistente de sobrepeso y obesidad de la población debido al incremento del consumo de bebidas y alimentos ultraprocesados, cuyas consecuencias serán irreversibles en corto plazo en la salud de los ecuatorianos”.
   
Además, es abrumadora la evidencia científica sobre los daños en la salud que producen el consumo de tabaco y alcohol, así como en la economía familiar y de los Estados; las fundas plásticas son de los principales contaminantes ambientales; y la disminución de impuestos y precios de armas y municiones, atenta contra la seguridad, han precisado en el manifiesto.
 
Entonces, “sin duda, el Presidente Lasso ha recibido presiones de grupos empresariales, generando un enorme conflicto de interés que repercutirá en la salud de los ecuatorianos. En el comunicado difundido por el Comité Empresarial en redes sociales con el cínico título de “El ICE nos afecta todos”, se evidencia que intereses particulares de un reducido número de ecuatorianos aglutinados en las cámaras empresariales, se contraponen con los objetivos y obligaciones sociales de proteger la salud y vida de los ecuatorianos”.
   
Por este motivo, “con el derecho que nos corresponde, exigimos al gobierno nacional” la inmediata derogatoria del Decreto 645, como una medida para proteger la salud pública y la economía de la población; la inmediata instalación de una mesa técnica, coordinada por el MSP y el SRI, con la participación de organismos de Naciones Unidas y organizaciones sociales expertas en el tema; que defina las bases para la restitución del incremento por inflación para estos productos nocivos; y estudiar incrementos mayores de ICE a los productos mencionados y acordar la forma de gravar ICE a otros productos nocivos para la salud, como los alimentos ultraprocesados.
   

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