Edición Médica

Más de 300 organizaciones no gubernamentales en el mundo han manifestado su apoyo a esta propuesta.

Redacción. Quito
La Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública (SESP) se ha adherido al pronunciamiento de la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública para pide declarar a la vacuna CoVID19 como un bien común mundial.
 
Más de 300 organizaciones no gubernamentales en el mundo han manifestado su apoyo. También lo han hecho organismos internacionales como la propia OMS, ONUSIDA, el South Centre, UNICEF, UNITAID, DNDi.
 
Este 9 de diciembre se llevará a cabo una nueva sesión del consejo de ADPIC en el marco de la Organización Mundial del Comercio. El principal asunto a discutir es la propuesta presentada por África del Sur y la India, copatrocinada por Kenia y Eswatini (antes Swazilandia) para adoptar un “waiver”, es decir, una suspensión temporal de los derechos de propiedad intelectual aplicable a los conocimientos necesarios para enfrentar la pandemia, sujetos a protección mediante patentes, derechos de autor, protección de información no divulgada, circuitos integrados y observancia, tal y como está previsto en los acuerdos de la OMC para situaciones excepcionales como la que el mundo entero está viviendo en estos momentos.
 
La propuesta busca resolver las restricciones que enfrentan los países en desarrollo, especialmente los de ingreso medio y bajo, para tener acceso oportuno y en condiciones de mercado competitivo, tanto a los kits de diagnóstico y los dispositivos médicos (respiradores y otros equipos médicos) como a vacunas y medicamentos necesarios para enfrentar esta pandemia.
 
Según un comunicado de la SESP, restricciones que hoy son muy evidentes. Las alentadoras noticias de vacunas potencialmente útiles están acompañadas de anuncios de que, en general, el 80 por ciento de las dosis que se podrían producir en el 2021, ya están comprometidas para su aplicación en países desarrollados, que tienen el 20 por ciento de la población global.
 
Sus precios significarán sacrificios financieros para países de bajos y medianos ingresos, ya bastante endeudados y golpeados por las consecuencias económicas de la pandemia. Lo mismo ha sucedido y seguirá sucediendo con los kits de diagnóstico y los dispositivos médicos.

Los precios, la dependencia tecnológica y, muy especialmente, la necesidad de entrar en listas de espera y de aplicar complejos mecanismos de priorización de personas éticamente muy discutibles, son consecuencia directa de la aplicación de los derechos de propiedad intelectual a estos recursos de la ciencia y de la técnica. Si el conocimiento necesario para enfrentar la pandemia fuera compartido, todos los países podrían poner al servicio de sus ciudadanos y de los de otros países, sus capacidades de producción. Los países en desarrollo podrían invertir en ampliar sus capacidades de producción de medicamentos, equipos médicos, productos biológicos y vacunas, o en recuperarlas, como es nuestro caso.
 
Los países desarrollados, sede de las grandes empresas productoras de vacunas, medicamentos e insumos de salud, que son los principales beneficiarios de la exclusividad que otorgan los derechos de propiedad intelectual, se han opuesto a esta propuesta de manera arrogante y prepotente, bloqueando así la posibilidad de adoptar esta suspensión temporal mediante el consenso, ha indicado la SESP.

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