Edición Médica

Juan Carlos Galarza.

Cristina Coello. Quito
La Secretaría General de Comunicación (SECOM) ha informado que el presidente de la República Lenín Moreno, ha pedido la renuncia de Juan Carlos Galarza, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), quien ha propiciado una demanda penal en contra del medio digital La Posta.

La agencia ha puesto la denuncia por haber afectado a la honra de la institución, tras la difusión de informaron distorsionada en el medio digital.
 
En un comunicado oficial, la SECOM ha precisado que el gobierno “ha recuperado la libertad de expresión como uno de los principales pilares para el fortalecimiento de la democracia, por lo que no tolerará las posiciones que atenten contra su efectiva vigencia”.
 
En su cuenta de Twitter, la ministra del Interior, María Paula Romo, ha escrito que “la libertad de expresión es pilar de la democracia y la vía penal es desproporcionada para reclamar el derecho a la honra”. Además, ha añadido que “los funcionarios públicos están sometidos al escrutinio público”.
 
Mientras que en un comunicado difundido por el medio digital se ha indicado que la denuncia se debió a que mediante “documentos oficiales hemos revelado acciones administrativas que han puesto en riesgo la vida de la gente”.
 
Por su parte, la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) también ha rechazado la demanda a cuatro periodistas luego de publicar una serie de reportajes que expusieron posibles irregularidades en la adquisición de kits para la detección del VIH y otro relacionado a la certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) de una empresa que ingresó a la red pública de salud con un desinfectante sin registro sanitario y contaminado.
 
Fundamedios ha hecho un llamado para que “los funcionarios que están abusando del sistema judicial para socavar la libertad de prensa retiren de forma inmediata dicha demanda y hace un llamado para que las más altas autoridades del Estado instruyan a todos los funcionarios sobre la obligación que tienen de proteger el derecho de todos los ciudadanos a la libre expresión”.

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