Edición Médica

Angeelys Rosado y John Farfán.

Jonathan Veletanga. Quito
El pasado mes de febrero el Gobierno anunció la entrega de una compensación de 200 dólares a los profesionales del sector público que estuvieron en primera línea durante los últimos 11 meses de pandemia, entre ellos 63.230 profesionales de salud, 165.183 docentes, 51.248 policías nacionales, 41.518 servidores de las Fuerzas Armas, 4.256 servidores de la Comisión de Tránsito y 352 oficiales de la Comisión de Tránsito.
 
Esta compensación tenía que haberse entregado a un total de 325.787 profesionales durante el mes de febrero, por una sola ocasión. Sin embargo, según el presidente Lenín Moreno, recién el 4 de abril se empezó a generar la nómina de cada institución para efectuar el pago.
   
Para beneficiar a 300.000 funcionarios, entre ellos personal médico y sanitario, policías, militares, docentes, servidores de la Comisión de Tránsito, ECU 911 y Fiscalía, el Gobierno ha destinado más de 58.7 millones, ha detallado Moreno.
 
Ante esta situación, la Asociación Nacional de Médicos Rurales (Anamer) en una reunión con la coordinadora Nacional de Talento Humano del Ministerio de Salud Pública (MSP) ha solicitado que se considere a todos los profesionales de la salud rural para el pago de esta compensación, puesto que también están en primera línea.
 
“Nos parece lo más gusto posible que los compañeros también sean acreedores de este incentivo dado por el Gobierno”, ha dicho John Farfán, presidente de Anamer, en diálogo con EDICIÓN MÉDICA.
 
Farfán ha indicado que esta reunión abordaron esta temática con la representante del MSP, quien manifestó que los 200 dólares serán entregados a los profesionales de la salud que tuvieron contacto con pacientes COVID-19, incluyendo a los rurales. No obstante, se desconoce cuántos profesionales se beneficiarán. Las coordinaciones zonales ya habrían enviado al Ministerio de Finanzas las listas correspondientes para la aprobación y la acreditación
 
Por otro lado, ante falta de claridad en lo refiere a los profesionales de salud que ya terminaron la rural y que estuvieron en el auge de la pandemia, han hecho un requerimiento al Ministerio de Finanzas para que despeje esta incertidumbre. “Esperamos que nos den una respuesta del caso porque sería una injusticia que no reciban esta compensación”, ha dicho Farfán.
 
Por su parte, Angeelys Rosado, médica rural de la provincia del Cañar, ha considerado que deben ser incluidos dentro de este grupo porque también tienen relación directa con pacientes COVID-19, tanto confirmados como sospechosos.
 
“A los centros de salud también llegan pacientes COVID-19, e incluso en muchas ocasiones ni tenemos todos los insumos de protección para poder atender correctamente a los pacientes. Entonces, si hay diferencia en cuanto a la atención en hospitales y atención en primer nivel”, ha expresado.  
 
Rosado ha señalado que los centros de salud, especialmente de zonas de difícil acceso, son los lugares dónde los pacientes recién se enteran si son sospechosos o si ya está cursando la enfermedad, y “nosotros somos los que recién atendemos a estos pacientes”.
 
A criterio de la galena, debido a la desorganización del MSP no se está tomando en cuenta a muchos profesionales de salud que sí estuvieron en primera línea, incluyendo a los rurales.
 
Farfán y Rosado esperan que el MSP y el Gobierno cumpla con los ofrecimientos, así como con los pagos de los bonos geográficos, que aún no han sido acreditados en muchos caso y que sirve para trasporte, principalmente.    
 
“No nos dan una respuesta concreta al respecto, por ello queremos que nos escuchen todas nuestras peticiones… Es necesario que se nos haga el pago correspondiente”, ha enfatizado Rosado, quien espera este pago desde septiembre de 2020.  
 
El dato

Anamer rechaza los llamados de atención y los amedrentamientos de los funcionarios de los Distritos de salud en contra de aquellos rurales que dan a conocer los inconvenientes que viven día a día.

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