Edición Médica

Pío Alejandro Sempértegui, abogado.

Cristina Coello. Quito
Pío Alejandro Sempértegui, médico y abogado, es parte de un colectivo que propondrá a la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional una reforma al procedimiento sancionatorio que establece el proyecto unificado de Código Orgánico de Salud (COS).
 
El aspecto sancionatorio “es un talón de Aquiles muy grave, que no aclara bien algunos conceptos importantes y no se está aprovechando para que este código sea un ente de protección de los profesionales de la salud”, ha considerado Sempértegui.
 
El especialista ha señalado a REDACCIÓN MÉDICA que su intención es que la nueva normativa que regirá al sector sanitario “sea una especie de escudo” contra las demandas por mala práctica médica y que estos procesos no terminen solo en fiscalía y “más bien sean investigados como infracciones administrativas”.
 
Según ha explicado, cualquier cirugía tiene riesgos, “unos controlables y otros imprevistos, hay todo tipo de pacientes, con características somáticas, fisiológicas, congénitas, heredadas, imprevistas, el médico no puede asegurar un resultado” efectivo al cien por ciento. No obstante , “hay médicos que están siendo procesados, enjuiciados y hasta sentenciados”, luego de procedimientos fallidos.
 
Por eso “queremos que el COS tenga elementos suficientes para que este tipo de casos sean procesados primero en el ámbito de la salud, como infracciones de tipo administrativo”.
 
“Estamos en contra del procedimiento sancionatorio que se quiere aplicar en este COS porque es de tipo comisaría, se va a poner la denuncia en la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess), donde los primeros que revisan el caso serán el comisario o el director zonal y ninguno es médico”, ha detallado Sempértegui.
 
A consideración del especialista, se juzgará “en base a peritajes” a pesar que actualmente el Código Integral Penal (COIP) acepta la prueba documental, testimonial y pericial. Aun así, la última “se ha convertido en el eje central, piedra angular del proceso penal contra los médicos. No hay peritos especializados y tampoco se está cumpliendo el compromiso del Consejo de la Judicatura de formar peritos”, ha reclamado.

“Lo que está sucediendo es que los procedimientos penales contra los médicos están siendo llevados a cabo en base a los informes periciales que deben ser esencialmente ténicos”. A veces emiten conclusiones jurídicas y generalmente se termina acusando a los médicos, ha detallado.
 
Por ello, “queremos un consejo de peritos médicos, en un procedimiento que pueda durar hasta 6 meses, y se sustancien todas las pruebas de descargo o cargo contra el médico. Este grupo de especialistas sin remuneración establecerán la responsabilidad administrativa y si hay indicios de responsabilidad penal, emitirán un informe para que la causa vaya a ése ámbito”.
 
Es decir, lo que hay que añadir es un “requisito de procedibilidad para que el fiscal antes de iniciar una causa tenga información administrativa del consejo de peritos en el ámbito del COS, y mientras tanto no dar paso a la investigación fiscal”, ha considerado Sempértegui.
 
Si ese consejo determina que no hay indicios de responsabilidad penal, se juzgará administrativamente la infracción y se aplicarían las sanciones correspondientes. “No estamos pidiendo impunidad”, ha insistido el abogado.
 
Algunos datos
 
Actualmente existen aproximadamente 500 peritos médicos, en su mayoría psicólogos, psiquiatras.
 
Desde mayo de 2014 se expidió el Código Orgánico Integral Penal (COIP) que tiene dos artículos direccionados a la práctica médica (homicidio culposo y lesiones por mala práctica).
 
Entre 2014 a 2017 se ha registrado entre 545 a 600 procesos judiciales penales contra la práctica profesional.
 

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