Edición Médica

Fernando Sacoto, presidente de la SESP.

Redacción. Quito
La Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública (SESP) ha advertido que “a poco más de un año de Gobierno, lamentablemente no se observan avances de fondo en salud, si bien se cumplió con la vacunación COVID-19, que en activa movilización social, ha contribuido a controlar, hasta ahora, la pandemia, con los beneficios sociales y económicos consiguientes”.
 
Sin embargo, terminada la fase intensiva de vacunación, no se ha aprovechado la participación de la sociedad civil, coordinada por el Ministerio de Salud Pública (MSP), a fin de proyectarla como una estrategia permanente de planificación, organización y acción para enfrentar los problemas de salud de la población, y la construcción de un verdadero sistema nacional de salud, el cual es imprescindible para superar la desarticulación sectorial, especialmente entre el MSP y el IESS, con sus costosas duplicaciones e ineficiencias.
 
La SESP ha agregado, a través de un comunicado, que a inicios de esta administración ha planteado, junto con organizaciones del “Acuerdo Nacional por la Salud”, distintas medidas para mejorar la situación de salud, priorizando acciones sobre la población más necesitada.
 
No obstante, “hasta ahora no se las ha implementado, sin vislumbrarse cambios. En efecto, y a despecho de la abundante evidencia científica que sustenta su necesidad, no se aprecian acciones de política pública para incidir sobre los determinantes sociales y factores de riesgo, como eficiente mecanismo para prevenir la enfermedad y promover la salud”.
 
Asimismo, ha lamentado que todavía se mantiene un modelo de atención curativo, centrado en el hospital, sin preocupación por el abandonado del primer nivel de atención. Pero eso no es todo, a pesar de seguir en esta línea de continuidad curativa, el Gobierno escatima el financiamiento para los servicios públicos, lo cual podría responder a un afán de debilitarlos, y favorecer una mayor participación del sector privado.
 
“Un potencial aporte privado, debe inscribirse en torno a un sistema nacional de base pública, moderno e innovador, que priorice la protección financiera de quienes más lo necesitan. Dada su inexistencia, el gasto de bolsillo que en la última década rozaba el 45 por ciento, hoy se habrá elevado, empobreciendo a los sectores populares”, ha precisado la SESP.
Sobre la entrega de medicamentos mediante la externalización de farmacias de Consulta Externa, ha manifestado que el modelo “consolida el ineficiente criterio de consumos históricos de base hospitalaria, en lugar de una planificación basada en perfiles epidemiológicos y servicios primarios. Tampoco identifica mecanismos adecuados para la provisión de fármacos para enfermedades catastróficas, que ameritan una política particular”.
 
Sobre aspectos organizativos, el gremio ha considerado que existe una frecuente rotación directiva, sin parámetros transparentes de selección. Se mantiene, desde 2011, la absurda zonificación territorial, que rompe con la lógica de provincias, cantones y parroquias, así como la pesada estructura ministerial que centraliza decisiones, limitando capacidades locales. Esto conspira contra la meta gubernamental de reducir la desnutrición crónica infantil, que requiere fortaleza de gestión local y comunitaria.
 
Más allá de su necesidad, que la destacamos en su momento, el aun poco difundido “Plan Decenal de Salud”, por lo que se conoce, no estima ni compromete recursos financieros para su ejecución, lo que limita su viabilidad. Por otro lado, sus objetivos y orientaciones se contradicen con acciones que, en la práctica, se toman en sentido opuesto.
 
Ahora, “el Gobierno debe superar su inercia, atender nuestras demandas, sólidamente fundamentadas y emprender ya en cambios largamente postergados, con visión de salud pública, garantía del derecho a la salud”, ha concluido

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