Edición Médica

Evento Reconocimiento de buenas prácticas.

Redacción. Quito
En el marco de la Conmemoración de la Semana Andina y Centroamericana de Prevención del Embarazo Adolescente, el Ministerio de Salud Pública (MSP) ha realizado un “Reconocimiento de buenas prácticas”, una actividad desarrollada en la universidad UTE, en Quito.
 
En este evento se han entregado reconocimientos a un total de 17 organizaciones no gubernamentales y agencias de cooperación internacional que han aportado en la prevención y reducción del embarazo adolescente en el país a través de diferentes actividades, entre ellas, asesoramiento técnico a las carteras de Estado de la PIPENA, desarrollo de estrategias de promoción y prevención dirigidas a las y los adolescentes, trabajo con la familia y la comunidad.
 
Asimismo, se ha informado que en 2018 la Tasa Específica de Fecundidad en Adolescentes (TEFA) se situó en 69.5 y en 2022 se reportó en 47.3 por ciento.
 
Esta reducción se ha dado gracias a la implementación de la Política Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes (PIPENA), ha asegurado Gina Chiriboga, responsable del Proyecto para el Abordaje Integral de Salud Sexual y Salud Reproductiva en Adolescentes del MSP.
 
Según ha indicado, la PIPENA permite el trabajo articulado de cuatro ministerios: Salud, Inclusión Económica y Social, Educación y el de la Mujer. Además, resulta fundamental el trabajo coordinado con otros actores clave como el sistema de justicia, agencias de cooperación, gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales, entre otros.
 
 “Como MSP hemos trabajado en varias acciones para mejorar el acceso al paquete de servicios para adolescentes. Hemos capacitado a 8.076 profesionales de salud y contamos con 1.159 establecimientos de salud adecuados para la atención a los adolescentes, 1.515 establecimientos de salud precalificados para la atención integral y amigable para adolescentes”, ha mencionado Andrea Bersosa, subsecretaria de Promoción, Salud Intercultural e Igualdad.
 
Si bien estos son resultados alentadores, las tasas de fecundidad en adolescentes más altas están en las provincias de Morona Santiago, Napo, Pastaza y Sucumbíos, Esmeraldas, Los Ríos, Santo Domingo y Manabí.
 
En este contexto, Bersosa ha recordado que el embarazo adolescente es una problemática multicausal que involucra factores como violencia, migración en los hogares, abandono de las unidades educativas. Por ello, la importancia de la prevención.
 
Con esto ha coincidido la viceministra de Educación, Diana Castellanos, quien ha destacado que su cartera de Estado tiene como reto al 2030 que el 39 por ciento de instituciones educativas implementen educación integral en sexualidad.
 
De su parte, Katherin Ayala, subsecretaria nacional del MIES, ha explicado que la derivación de los casos para la atención de adolescentes en condición de embarazo y periodo de lactancia a los servicios sociales y de salud es fundamental para la protección integral, especialmente de los casos que ingresaron por violencia sexual.
 
Al respecto, Elizabeth Rivera, representante del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, ha manifestado que la transformación de patrones culturales es transversal para la reducción del embarazo en niñas y adolescentes. “Hemos realizado más de 500 eventos de capacitación para más de 22 mil personas, entre ellos niños, niñas, adolescentes, padres de familia, funcionarios para promover la prevención de violencia sexual”.
 
El trabajo en mancomunidad es vital, ha insistido Rossana Viteri, directora País de Plan Internacional Ecuador, quien ha manifestado que “estamos convencidos del potencial de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes… En el tema de la reducción de embarazo son ellos quienes nos tienen qué decir cómo se ve el embarazo adolescente en una comunidad, en un territorio y qué hacer, en conjunto por supuesto con mamá y papá, con el centro de salud, con las escuelas, con las autoridades locales”.
 
Según el MSP, el costo sanitario anual del embarazo adolescente y la maternidad temprana representa 82.5 millones de dólares. Por ello, el compromiso de las autoridades ha sido mejorar la coordinación intersectorial para garantizar, de manera efectiva, la restitución de derechos de niñas, adolescentes embarazadas o que ya son madres, multiplicar espacios de participación de adolescentes con enfoque de derechos y garantizar personal de atención y servicios sin prejuicios y conocimiento pleno de los derechos sexuales y reproductivos.
 

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