Edición Médica

La violencia tiene un trasfondo social, insiste la SESP.

Redacción. Quito
La Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública (SESP) ha advertido que el uso civil de armas para personas que cumplan determinados requisitos “amenaza el mayor y fundamental derecho de todo ser humano: el derecho a la vida”.
 
Así mismo han exigido al gobierno derogar el decreto 707 que autoriza el porte de armas de uso civil como una medida dispuesta por el gobierno para enfrentar la inseguridad en el país.   
 
También han pedido “acción conjunta con los poderes legislativo y judicial” para cumplir la obligación del Estado de garantizar la seguridad ciudadana.
 
La SESP ha recordado que Organizaciones con amplio respeto y reconocimiento, como Amnistía Internacional, han advertido las consecuencias de este tipo de decisiones: “la sola presencia de armas de fuego, puede hacer que las personas se sientan amenazadas o que teman por su vida, lo que acarrea graves repercusiones psicológicas a largo plazo a nivel individual y comunitario. El acceso fácil a las armas de fuego, ya sea legal o ilegal, es uno de los principales motivos de la violencia armada”.
 
Así mismo, la organización sanitaria ha recalcado que la violencia que vive el país “tiene un trasfondo social, con inequidades crónicamente acumuladas en la distribución de determinantes sociales como: empleo, alimentación, educación, salud, vivienda y saneamiento, entre otros, en detrimento de poblaciones empobrecidas”.
 
En ese contexto, también han exigido a la Asamblea Nacional dar trámite urgente a las reformas necesarias, para que las instituciones encargadas de velar por la seguridad tengan el respaldo necesario para cumplir su misión.
 
En un comunicado oficial, la SESP ha demandado también de la sociedad en su conjunto, “un gran acuerdo nacional para la efectiva aplicación de políticas públicas que permitan satisfacer necesidades largamente insatisfechas de amplios segmentos de la población ecuatoriana”.
 

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