Edición Médica

Fernando Sacoto, presidente de la SESP.

Redacción. Quito
La Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública (SESP) ha manifestado que la actual declaratoria de emergencia no puede únicamente concentrarse en la dotación de medicamentos e insumos, sino debe ser integral, ya que el Sistema Nacional de Salud tiene un problema estructural.
 
“La emergencia del sector salud debe constituirse en una oportunidad de cambio para vencer la inercia continuista de la última década. El gobierno está en la obligación de escuchar y actuar”. Por ello, ha pedido al Gobierno que se comprometa a fortalecer la inversión pública en salud porque no puede seguir incrementándose el gasto de bolsillo, que empobrece a los sectores populares.
 
A través de un comunicado, la SESP ha señalado que el Gobierno, presionado por la CONAIE, ha declarado la emergencia en el sector de la salud, la cual fue exigida en reiteradas ocasiones por los gremios de profesionales sanitarios.
 
Esta medida “legitima las denuncias que, reiteradamente, diversas organizaciones hemos realizado, sobre falencias de organización y funcionamiento de hospitales y servicios públicos de salud”, como por ejemplo escasez extrema de medicinas e insumos, que ha sido negada sistemáticamente por las autoridades.
 
Sin embargo, el desabastecimiento de medicamentos e insumos constituye solo el “síntoma visible del deterioro del sector. En lo fundamental, se han institucionalizado obstáculos económicos, geográficos, culturales, burocráticos, etc. para el acceso de la población a servicios de salud de calidad”.
 
Por este motivo, la declaratoria de emergencia no puede únicamente concentrarse en la dotación de medicinas e insumos, ya que más allá de su necesidad, se corre el riesgo de terminar como hecho aislado, de corta duración, pero además puede favorecer proveedores de dudosa confiabilidad y calidad.
 
Para los salubristas, el Sistema Nacional de Salud tiene un problema estructural que impide la sinergia de acciones y recursos de instituciones del sector, especialmente del IESS y MSP. Pero, lamentablemente, no se ha dado ningún paso para iniciar tal proceso y la descoordinación sigue intacta.
 
De hecho, el reciente Acuerdo Ministerial de Salud 80-2022, referido a la emergencia sanitaria, lo ratifica, pues no incluye a la Red Pública Integral sino únicamente al MSP, desvirtuando así la rectoría de la autoridad sanitaria nacional.
 
Asimismo, se mantiene un modelo de atención curativo centrado en el hospital, descuidando la Atención Primaria de Salud como eje del sistema. También permanece inalterable el abandono del primer nivel de atención, de unidades barriales/comunitarias de salud (que incluso se han reducido en los últimos 15 años).
 
Esta situación es parte de la emergencia sanitaria y urge emprender acciones inmediatas para desarrollar su enorme potencial para la promoción de la salud, la prevención y oportuna curación de enfermedades, operando en red con hospitales. El movimiento indígena debería interesarse en vigilar que tal acción se materialice en sus comunidades, participando activamente en su desarrollo, para que incorpore sus visiones, valores y cultura.
 
La SESP también ha indicado que urge cambiar el modelo centralista y burocrático de gestión instaurado en 2011, que tienen una “absurda zonificación territorial, desconectada de la división política nacional, de provincias, cantones y parroquias”.
 
Es imperativo recuperar la provincia como espacio de gestión, restableciendo Áreas o Distritos que, en general, se correspondan con cantones y municipios, y tengan a su cargo establecimientos y equipos asignados según criterios funcionales.
 
Además, la gestión de la salud pública debe ser asumida por profesionales con liderazgo, formación y experiencia probada, seleccionados con criterios objetivos a través de procesos transparentes, capacitados con educación continua, incentivados a través de sistemas de evaluación por resultados.
 
En este sentido, ha añadido que se debe poner especial atención a la selección de directivos de nivel intermedio y local, propiciando una profesionalización, que evite las frecuentes rotaciones observadas.
 
El Gobierno debe sintonizar estas demandas y, en el marco de la emergencia, emprender con celeridad en cambios que sean percibidos a cortísimo plazo por la población, procediendo con agilidad en lo administrativo y financiero, avanzando en paralelo con cambios estructurales de mediano y largo aliento, con involucramiento ciudadano y delegados plurales institucionales.
 
Para este, ha indicado que se necesita incorporar mecanismos de diálogo permanente con actores sociales del ámbito de la salud pública, con compromiso de cumplimiento de acuerdos y veeduría de monitoreo de avances.
 
Como ha reiterado en múltiples pronunciamientos, la gestión de la salud necesita un replanteamiento conceptual y un rediseño estructural a fin de que los gobiernos cumplan con su deber constitucional (no dádiva alguna) de garantizar el derecho a la salud de la población, como aporte y mecanismo para el desarrollo social y la disminución de la pobreza e inequidad.
 
En el marco de una política nacional de salud de Estado, que tienda a la equidad, sus contenidos deben ser formulados participativamente, y desarrollados por diversas instituciones y actores sociales. El MSP no puede ser la única instancia encargada de las políticas públicas en salud. La salud pública es un bien social y es la sociedad en su conjunto que debe direccionar su desarrollo.

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