Edición Médica

María Cristina Kronfle, asambleísta.

Diego Mosquera. Quito
“Las autoridades de Salud siempre han tenido el control de fiscalización de las importaciones de vehículos para personas con discapacidad, hablar de abusos solo demuestra que alguien en alguna entidad del Estado no hizo bien su trabajo”, ha comentado a REDACCIÓN MÉDICA Cristina Kronfle, Asambleísta nacional.

Estas declaraciones se dan en el marco del proyecto de ‘Ley para el Equilibrio de las Finanzas Públicas’  que propone cambios en los beneficios del sistema tributario para personas con discapacidad debido a que “se ha detectado que estos mecanismos, creados específicamente para estos grupos de atención prioritaria, son utilizados por personas distintas a los beneficiarios”.

Entre esos beneficios se encuentra la importación de vehículos exonerados del pago del Impuesto a la Renta.

En este sentido Kronfle ha sido enfática “si han existido abusos es porque la autoridad lo ha permitido,  el  Servicio de Rentas Internas (SRI) está facultado para  pedir cuentas a las 3.700 personas con discapacidad que han importado vehículos en los últimos años, ese discurso oficial no es justificativo, la Ley es clara”.

Sobre este punto  el Art. 81 de la Ley de Orgánica de Discapacidades señala que “los bienes importados o adquiridos bajo algunas de las modalidades aquí reguladas, no podrán ser objeto de enajenación ni de cualquier acto jurídico entre vivos que signifique la transferencia de su dominio, posesión, tenencia o uso a terceras personas distintas del destinatario, salvo que haya transcurrido el plazo de cuatro (4) años contados desde la fecha en que dichos bienes han sido nacionalizados o adquiridos”.

En el caso de incumplimiento, la Ley dice que “se sancionará a la persona o al representante legal de la persona jurídica que incurran en este hecho con el pago del monto total de la exención tributaria de la que fue beneficiado, sin perjuicio de las responsabilidades penales que pudieren determinarse”.

Respecto al trámite de importación la asambleísta ha explicado que para acceder a este derecho se debe cumplir con varios filtros en las entidades del Estado. El primero es una calificación en el Ministerio de Salud, “no obstante si usted quiere traer un vehículo hacen otra calificación, aquí ya existe un primer filtro en donde podemos determinar si la persona cumple con los requisitos para traer el vehículo que quiere”.

Posteriormente, ha señalado la asambleísta, “el trámite pasa a la aduana, en donde se verifica  la exoneración que ya autorizó la autoridad sanitaria nacional” y luego de eso es informado el SRI que este vehículo viene sin aranceles.

“Por ejemplo si yo quiero traerme un Ferrari es obvio que una silla de ruedas no va a entrar ahí, entonces las autoridad sanitaria tiene la discrecionalidad de decirme que no, que no es un vehículo que me sirve” ha añadido.
 
 De su parte, Diego Vintimilla, Asambleísta por la provincia del Azuay, ha manifestado que las exenciones tributarias para personas con discapacidad han sido un logro del Gobierno para garantizar que las personas con esta condición tengan ese derecho.

Sin embargo, Vintimilla ha señalado que hay ciertas desviaciones y abusos al aplicar esta norma, “cuando pensamos en vehículos para personas con discapacidad de un cilindraje mayor a 1.500 cc creo que entra el tema de importación de tipo de alta gama que vienen a generar diferencias entre las personas con recursos y las que no lo tienen”.

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