Edición Médica

Diego Jimbo, coordinador de Acuerdo Contra el Cáncer; y, Enrique Terán, especialista en Farmacología

Cristina Coello. Quito
Si bien, el gobierno y el Ministerio de Salud Pública (MSP) se enorgullecen de haber abastecido las exiguas bodegas de los hospitales, las organizaciones de pacientes ya han expresado su inconformidad por el aún insuficiente suministro, pero sobre todo por la calidad de los medicamentos que han llegado y los que faltan por comprar.
 
En entrevista con EDICIÓN MÉDICA, Diego Jimbo coordinador del Acuerdo Contra el Cáncer, ha asegurado que “no es como las autoridades dicen, lastimosamente a muchos de los pacientes oncológicos, no les llega los medicamentos. Hay compañeros con leucemia que estaban en proceso de remisión y al no recibir la medicación ahora están con la enfermedad activa nuevamente”, se ha lamentado.
 
Para el vocero de los pacientes se sigue vulnerando sus derechos y ha recordado que la misma Constitución de la República reconoce la doble vulnerabilidad y prioridad en el acceso a servicios y atención para las personas con enfermedades catastróficas, raras y huérfanas.
 
Además, dentro de ese derecho está el suministro de fármacos, pero “no cualquier medicamento, la Constitución dice que pueden ser genéricos de calidad”, ha enfatizado Jimbo, para quien las autoridades no están cumpliendo esa parte de la Ley pues, “para la mayoría es desconocido la existencia de medicamentos copia”, de los que no hay información de bioequivalencia y biodisponibilidad a pesar de tener registro sanitario, ha criticado.
 
“No defendemos ciertos medicamentos o marcas, lo que defendemos es la calidad de los medicamentos” pues de eso depende, en el caso del cáncer específicamente, la mejoría o la progresión de la enfermedad, ha explicado el vocero de los pacientes.
 
Según Jimbo, existe “un gran hermetismo y falta de transparencia sobre la información técnica que solicitamos de los medicamentos adquiridos” en la última compra masiva que realizó el MSP. “Si no hay eso, qué podemos esperar del proceso y la calidad de fármacos”, se ha cuestionado.
 
“Lo mínimo que debieron tener esos medicamentos es el respaldo y el reconocimiento de una agencia de regulación internacional como la FDA o EMA (Agencias de regulación de los Estados Unidos y la Unión Europea)”, ha añadido.
 
El coordinador del Acuerdo hace hincapié en esos requisitos de los fármacos por los efectos que pueden tener en pacientes con una enfermedad tan sensible como el cáncer. Bien saben ellos que, en cualquier momento de su tratamiento, les pueden modificar sus medicamentos sin que ello implique un registro de posibles reacciones adversas.
 
Con Jimbo ha coincidido el especialista en Farmacología de la Escuela de Medicina de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), Enrique Terán, quien explica que los profesionales de la salud del país disponen de la denominada ‘tarjeta amarilla’ para notificar a la autoridad sanitaria posibles efectos adversos o falla terapéutica. “Pero como no es obligatorio llenarla, y para no ganarse problemas, no lo hace casi nadie”. Por lo tanto, no hay suficiente información relacionada a la respuesta terapéutica cuando se suministra o se cambia un fármaco a un paciente en el sistema de salud público.
 
¿Es importante la característica de un fármaco?
 
En la entrevista, Terán ha dejado claro que en el país se concede registro sanitario a una serie de productos que “no cumplen con las características adecuadas para considerarse genéricos y por lo tanto son de calidad subestándar”, lo cual obviamente causa preocupación a los pacientes.
 
Según el especialista cerca del 90 por ciento de los medicamentos que se comercializan en el Ecuador no cumplen con el criterio de medicamento genérico como tal. Un genérico aparece cuando el original ha perdido la patente mundial y demuestra que es bioequivalente. El medicamento copia aparece cuando el innovador todavía está protegido por la patente mundial y no ha demostrado ser bioequivalente, ha explicado.  
   
Lo paradójico es que la misma ARCSA es la que bautiza al producto cuando le da el registro sanitario y es a la mayoría a la que le dan la denominación de genéricos sin la demostración de que es bioequivalente y biodisponible. El concepto de medicamento genérico es lo que no termina de cumplirse adecuadamente, ha estimado el especialista.
 
“Aquí, si el fabricante dice que su producto tiene la substancia activa le consideran automáticamente un genérico y por tanto un producto intercambiable, cuando no podemos garantizar que la formulación fue adecuada y por lo tanto que se comportará de manera igual en el organismo que el original”, ha insistido Terán.

En el Ecuador, para el cáncer alrededor del 70 por ciento del tratamiento está compuesto por medicamentos de síntesis química y un 30 por ciento de productos biológicos que básicamente son usados en las etapas más avanzadas de la enfermedad.
 
Los productos para cáncer de síntesis química “no son baratos, pero son muchos más asequibles que los biológicos”, ha dicho el especialista. No obstante, cuando no se le da al paciente la medicación adecuada, “lastimosamente el pronóstico es progresión de la enfermedad y eso es doblemente desalentador, porque no deberíamos gastar en una medicación que no sirve y deteriora la salud del paciente”, ha comentado.
 
Por lo tanto, para Terán no se trata de solo abastecer los hospitales, “es importante que digan qué están comprando, sino la cura puede ser peor que la enfermedad. Es el problema que acarreamos los últimos 15 años. Terminan comprando cualquier cosa con tal de abastecer y al final no sirve para lo que se necesita”, ha cuestionado el docente de la USFQ.
 
En ese sentido, Terán ha recordado que por ley los medicamentos genéricos tienen un techo definido en el precio. “Lo que no sucede con las copias. Un genérico tiene que costar 20 por ciento del original, y la copia cuesta dos centavos menos, no tiene sentido. Por eso hay que insistir en que se cumpla la normativa” con la que se garantizaría la calidad de los medicamentos, pues los genéricos cumplen con el parámetro de bioequivalencia y biodisponibilidad.
 
Por otro lado, Terán ha señalado que el listado original de medicamentos necesarios en el sistema público de salud era de 284 ítems, de esos solo se reportaron oferentes para 143, “el resto no se compró y eso no lo dicen”, ha denunciado.
 
Él ha remarcado que no existe transparencia en la información, pues de esos 143 fármacos que solicitaron, solo 25 eran para cáncer. “¿Cómo pueden decir que están abastecidos (los hospitales), cuando al menos debería tener todo lo que está en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos (CNMB) (Para esa patología son 50)? se ha preguntado.
 
De los 25 tipos de fármacos que se adquirieron no llegaron a todos los hospitales del país que se necesitan. “Entonces el desabastecimiento es innegable por más que quieran decir que el problema está solucionado”, ha cuestionado Terán.
 
El especialista en farmacología ha observado que los pacientes “están desamparados. Lastimosamente no hay quien vigile que los medicamentos en el sector público cumplan con las características óptimas para producir los resultados esperados”.
 
El control de calidad
 
Terán ha relatado que al país llega infinidad de productos provenientes de los cientos de laboratorios y no todos han sido calificados por ejemplo por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por eso “hay que ser cuidadosos”.
 
La OMS, por ejemplo, no ha aprobado a todos los productos de la India, sino solo a algunos que incluso son vendidos en los Estados Unidos y la Unión Europea, pero esos no necesariamente llegan al Ecuador, ha dicho.
 
“Entonces, cuando nos traen un medicamento de la India, por ejemplo, que es el productor número uno de genéricos, se debería preguntar de qué laboratorio viene. Peor todavía cuando hablamos de la proveniencia de la materia prima (que llega a la industria nacional)”, ha cuestionado el especialista.
 
De hecho, ARCSA estima que las empresas a las que les aprueba los registros sanitarios están validadas por agencias internacionales de Argentina, Brasil, México o la Organización Panamericana de la Salud (OPS), pero Terán advierte que no todos los productos de esas empresas han sido aprobados por dichos organismos.
 
Se supone que ARCSA garantiza los productos, pero en ese proceso es juez y parte al ser una institución adscrita al MSP. “El ministerio hace la pantomima de preguntar a la ARCSA si cumple o no (estándares de calidad), pero compran un producto que no debieron haberle dado registro sanitario porque no cumple las características de ser categorizado como producto genérico. La ley dice que esos medicamentos deben tener intercambiabilidad y el propio ARCSA no está haciendo que se cumpla la norma”.
   
A eso se suma que el sistema de compras del SERCOP tiene un vicio implícito, pues el único criterio técnico que utiliza es que el medicamento tenga registro sanitario en el Ecuador.
 
“Lo que se ha hecho estos 20 años es no cumplir la ley porque se otorgó registro en calidad de genérico a un producto que no cumple con los criterios para considerarlo así. Debe primar el derecho a la salud con productos de calidad”, ha solicitado Terán.
 
El experto ha mencionado que en el Ecuador se venden alrededor de 6.500 fármacos, de esos, solo el 3 o 4 por ciento son genéricos verdaderos y la mayoría son copias.
 
Finalmente, Terán ha opinado que el problema continuará hasta que la agencia emita una resolución transitoria para rever todos los registros sanitarios concedidos a la fecha y verifique cuales cumplen los requisitos. A los que no cumplan se les deberá dar un plazo para subsanar o cancelar el registro sanitario.

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