Edición Médica

Fiscalía ha presentado varios elementos de convicción en la audiencia.

Redacción. Quito
La Fiscalía General del Estado ha emitido dictamen acusatorio contra 23 personas, de las cuales 16 han sido llamadas a juicio por presunto peculado en la compra de insumos médicos para el Hospital Teodoro Maldonado Carbo (HTMC), durante el período 2017 y 2018, a través de convenios de pagos y subasta inversa.
 
Estos procesos de compra habrían ocasionado un perjuicio que superaría los 3 millones de dólares, ha informado la Fiscalía en un comunicado.
 
Durante la audiencia se han presentado varios elementos de convicción, entre estos el resultado de un examen al periodo comprendido entre 2017 y 2018, las pericias contables y de contratación pública, el reporte ejecutivo emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) con la verificación de actividad comercial de los procesados, oficio y memorandos emitidos por esta casa de salud, con relación a las autorizaciones previas para la suscripción de convenios de pago y una subasta inversa, las acciones de personal de los ahora exfuncionarios del Hospital.
 
También la pericia contable de contratación pública, el informe ejecutivo de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) sobre el manejo económico de los procesados, los procesos completos de la subasta inversa y los convenios de pago junto con los detalles de movimientos bancarios emitidos por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el oficio del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) en el que se indica que no existió la emergencia sanitaria declarada en el HTMC, y versiones de los investigados, rendidas ante Fiscalía.
 
Por su parte, la jueza Marcela Ortega ha acogido en parte el pedido de Fiscalía y ha dictado auto de llamamiento a juicio en contra del exdirector Luis Enrique J. Z.; Katherine Lissette C. D., coordinadora de Enfermería; y José Euclides B. P., exdirector administrativo, a quienes se dispuso continuar con la medida de arresto domiciliario, luego de una valoración médica por presentar enfermedades de alta complejidad.
 
Asimismo, ha llamado a juicio a Jorge Luis C. B. y Gustavo Adolfo P. J., exdirectores administrativos; María del Carmen M. R. y Johnny Henry P. B., del área de Enfermería; Francisco Xavier S. J., bodeguero; Hugo César V. F., jefe de Farmacia; Roswin Fernando A. G., Rosa Cecibel G. L., David Rolando C. F., y José Luis LL. C., proveedores, a quienes se les ha ratificado las medidas cautelares de carácter personal que pesaban sobre ellos, como arresto domiciliario, presentación ante la autoridad, prohibición de salida del país y uso de dispositivo electrónico.
 
Además, se ha llamado a juicio a Cristina María A. R. y Omar C. V., analistas de Compras; y Jorge Josué H. A., jefe de Compras Públicas, ratificando la orden de prisión preventiva, para lo cual ofició que se ubique el paradero de estas personas.
 
Por otro lado, la jueza Ortega sobreseyó a 7 personas. Fiscalía apelará esta última decisión, una vez que sea notificada dicha resolución por escrito.

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