Edición Médica

Gabriel Ordóñez, director de Estrategias de Prevención del MSP y Diana Murillo, de la Unidad de Conductas Adictivas del Instituto de Neurociencias.

Cristina Coello. Quito
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha instaurado al 10 de octubre como la fecha para concienciar sobre los problemas de salud mental y buscar mejoras.  En ese sentido, el lema de este año es ‘la salud mental en el trabajo’, destacando la necesidad de crear ambientes laborales saludables que protejan y promuevan el bienestar mental.
 
Por ello, EDICIÓN MÉDICA ha consultado al director de Estrategias de prevención y control para enfermedades no transmisibles, salud mental y fenómeno socioeconómico de las drogas del Ministerio de Salud Pública (MSP), Gabriel Ordóñez, sobre las acciones enfocadas al bienestar mental de los sanitarios.
 
El director ha señalado que el MSP se rige a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Trabajo que establece una evaluación de riesgos psicosociales a los trabajadores y se ha determinado que los principales problemas son el acoso y el burnout.
 
Por otro lado, el funcionario asegura que se desarrollan estrategias de prevención de riesgos psicosociales como las pausas activas a lo largo de la jornada laboral.  Así mismo se han implementado capacitaciones para estimular el autocuidado emocional y se está implementando el “cuidado institucional” relacionado a las “descargas emocionales”.
 
Estas descargas se aplican cuando el personal se ha expuesto a un evento crítico como trabajar bajo una alerta de ‘Código Plata’. En ese sentido el director ha asegurado que este tipo de acciones son importantes para el MSP ya que, por ejemplo, en lo que va del año, solo en el Hospital de Milagro se ha activado esa alarma cerca de 50 veces.
 
“Cuando hay este tipo de eventos inmediatamente se convoca a un equipo del MSP para hacer la debida descarga emocional, y el personal habla de lo acontecido, desde su pensamiento, emociones y acciones. Lo que logra esto es la autorregulación emocional, procurando dos objetivos: la disminución de la carga y precautelar el desarrollo de alguna psicopatología a raíz del evento traumático”, ha detallado Ordóñez.
 
Cuando un profesional no logra superar el evento o existe algún otro problema en salud mental, el tratamiento es derivado a la Seguridad Social o de forma privada, por seguridad, ha comentado. No obstante, Ordoñez ha reconocido que no existen datos oficiales sobre la situación de la salud mental actual del personal sanitario, pero se enmarca en la situación general de la población.
 
Pero considerando el Día Mundial de la Salud, el funcionario ha recalcado que el personal sanitario “no está exento de sufrir patologías y consecuencias por el tipo de trabajo que realizamos y por tanto hay mecanismos y debemos buscar la protección y autocuidado emocional”.
 
Niveles de riesgos en la salud mental
 
El director ha señalado que el 80 por ciento de la población en general tiene un bajo riesgo de desarrollar problemas de salud mental “gracias a su capacidad de resiliencia, tiene autorregulación, es decir que puede recuperarse sola y no será necesario presentar alguna estrategia específica”.
 
Otro 15 por ciento de la población tiene un riesgo moderado, y a ellos según Ordóñez se les brinda primeros auxilios psicológicos hasta las 72 primeras horas del evento traumático o intervenciones psicosociales y comunitarias que pueden estar acompañadas por 6 meses o hasta un año posterior al trauma. Estas intervenciones no necesariamente se las realiza con personal especializado, ha añadido.
 
Finalmente hay un 5 por ciento de la población que requiere acompañamiento psicoterapéutico y psiquiátrico posterior.
 
Brechas de profesionales y la ley de salud mental
 
Así mismo, el director ha mencionado que existe una “brecha importante” de talento humano en el componente de salud mental. Esto se debe básicamente a la falta de recursos. Mientras en otros países se destina entre 4 y 6 por ciento del presupuesto a salud mental, en el país llegamos a 0,80 por ciento y de esa cantidad la mayor parte (80 por ciento) es destinado a sueldos del personal existen y psicofármacos que se requieren. En ese sentido Ordoñez ha considerado la necesidad de fortalecer esa parte de la política pública.
 
Por otro lado, la Ley Orgánica de Salud Mental, aprobada a inicios de este 2024 determina un mejor presupuesto para el tema, sin embargo, el documento aún no cuenta con un reglamento. Aún así, según el director, se ha gestionado un proyecto de inversión para fortalecer las estrategias de salud mental en el país con fondos no reembolsables que ascienden a los 27 millones de dólares.
 
“Eso nos ha permitido contratar equipos multidisciplinarios (140 profesionales entre terapistas ocupacionales, trabajadores sociales, psicólogos y psiquiatras) para la estrategia de ‘Servicios Ambulatorios Intensivos’ pensada para quienes tienen trastornos mentales graves y problemas de consumo de alcohol, drogas y otras sustancias.
 
El enfoque integral de la salud mental
 
Por su parte, Diana Murillo, jefa de la Unidad de Conductas Adictivas del Instituto de Neurociencias de la Junta de Beneficencia de Guayaquil (JBG) ha recalcado la importancia del “enfoque integral para el bienestar comunitario” de su salud mental.
 
Para ella, la crisis de salud mental que ha emergido a raíz de la pandemia ha resaltado la importancia de considerar este aspecto de la salud como parte esencial del bienestar general. “No hay salud sin salud mental”, ha manifestado enfatizando la necesidad de una aproximación integral que incluya este aspecto en los servicios de salud.
 
Así mismo ha mencionado a la Ley Orgánica de Salud Mental que representa “un avance significativo” aunque reconoce que aún queda mucho camino por recorrer. Es fundamental promover los “centros comunitarios que acerquen la salud mental a la población. El acceso es crucial para que más personas se sientan cómodas buscando ayuda”, dice Murillo. Este enfoque comunitario es esencial para derribar el estigma que aún persiste en torno a las enfermedades mentales.
 
En su práctica diaria, el Instituto recibe una variedad de casos, desde trastornos afectivos hasta adicciones. “La realidad es que el alcohol, al ser una droga legal, a menudo es subestimado. Sin embargo, nuestras estadísticas demuestran que el consumo de sustancias ha aumentado en la última década, evidenciando una creciente demanda de tratamiento”, ha informado Murillo.
 
El instituto ofrece tratamiento multidisciplinario para personas con trastornos por consumo de sustancias, incluyendo un plan individualizado que puede extenderse en función de la gravedad de la adicción.
 
El seguimiento post-tratamiento es igualmente importante, por lo que Murillo ha resaltado que el instituto no solo se enfoca en la desintoxicación, sino que también proporciona un ambiente donde las relaciones interpersonales son consideradas parte fundamental del proceso de recuperación. “El apoyo social es esencial para mantener a los pacientes en su camino hacia la rehabilitación”, ha señalado.

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