Edición Médica

Profesionales jubilados protestaron en las afuerasl del MSP.

Cristina Coello. Quito
Profesionales sanitarios jubilados que no han logrado cobrar sus compensaciones pendientes han protagonizado una protesta en las afueras de la planta central de Ministerio de Salud Pública (MSP), en reclamo de un cronograma certero de pagos.
 
El MSP adeuda a dos grupos de jubilados, los amparados por el Código de Trabajo en el Contrato Colectivo, con aproximadamente 3.000 personas y los que están bajo la Losep (Ley orgánica de Servicio Público), alrededor de 1.800 profesionales, según dirigentes de las agrupaciones.
 
En la protesta, decenas de jubilados han exigido el pago del incentivo al que aseguran tener derecho, según lo establece el Mandato Constituyente 2, en el artículo 129 de la Losep.
 
Magdalena Galindo, de la directiva nacional del grupo de jubilados amparados por la Losep, ha comentado con REDACCIÓN MÉDICA que desde el 2011 han hecho los reclamos y aunque ha admitido que existieron acercamientos con las autoridades del MSP “y ofrecimientos, aún no hay una solución concreta”.
 
La Losep estableció que los trabajadores de más de 70 años debían cumplir la jubilación con un incentivo, “sin embargo, el momento de los pagos no hemos sido tomados en cuenta. Se empezó a asignar fondos al grupo de jubilados del Contrato Colectivo y al otro grupo no”.
 
“Sigan pagando, pero háganlo de forma equitativa. Queremos un compromiso por escrito de las autoridades. Queremos saber qué va a pasar con los jubilados que salimos entre 60 y 69 años y cuando vamos a cobrar”, ha solicitado Galindo.
 
Por su parte, Inés León, también miembro de la directiva de los jubilados ha señalado que esperan que “cumplan el proceso administrativo en el que los dos ministerios constaten y verifiquen que nuestra documentación está en regla. No validan las carpetas entre los dos ministerios y los de aquí dicen ya está enviado y los de allá que falta todavía. Es un maltrato”, ha protestado.
 
La posición del MSP
 
Pablo Arias, coordinador general Administrativo Financiero del MSP, ha explicado que la institución no considera una fragmentación de grupos, “todos son ex servidores que necesitan ser atendidos”.
 

Pablo Arias, MSP.

“Nosotros levantamos una información a nivel nacional, justificamos y remitimos todos los expedientes al Ministerio del Trabajo (MDT), esa ha sido la estrategia de trabajo que hemos manejado”, ha insistido Arias.
 
Según el coordinador existen alrededor de 3.700 ex servidores (de los dos grupos) que están pendientes de pago y cuyos rubros deben ser cancelados este año debido a que el financiamiento está dentro del presupuesto de 2017.
 
“Ya hemos cancelado a los grupos prioritarios que son los rezagados del 2010, alrededor de 260 personas”, ha asegurado el funcionario, pero también ha admitido que algunos expedientes no han sido validados porque “son casos que debe resolver el ministerio de Trabajo”.
 
Un segundo grupo (de jubilados) han sido quienes se acogieron al beneficio a partir del acuerdo Ministerial 100. “Hemos hecho un acompañamiento y se han recibido expedientes hasta el 15 de junio de los que han presentado (solicitud de jubilación) hasta mayo de 2017. Hemos entregado al MDT los expedientes con todo lo que nos han pedido y al momento no tenemos respuesta”, ha añadido Arias.
 
Según Arias, el MSP “no está cruzado de brazos” y ha asegurado que según información del MDT “está el 98 por ciento de expedientes validados. Pero eso prioriza el MDT en función de la normativa legal vigente. Necesitamos la viabilidad de ellos para poder cancelar”, ha concluido.
 
Algunos datos
 
La mayoría de quienes están amparados en el contrato colectivo son personal sanitario auxiliar de laboratorio, enfermería, radiología, mantenimiento, entre otros.
 
En cambio, los de la Losep han sido profesionales, médicos, enfermeras obstetrices, odontólogos, tecnólogos médicos, personal administrativo, financiero, recursos humanos, etc.
 
En junio pasado, el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma y de finanzas, Carlos de la Torre señalaron que se pagará 150 millones de dólares a las personas mayores de 70 años y aquellos con discapacidad o invalidez.
 
Ambas entidades están depurando los registros para conocer con exactitud el número de jubilados por atender de todas las instituciones públicas, así como el valor total al que asciende la deuda.
 
Sin embargo, proyectan que las obligaciones globales serían alrededor de 1.123,80 millones de dólares por jubilaciones obligatorias y voluntarias, tanto por expedientes en etapa de validación, como aquellos que aún no inician el proceso formalmente.

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