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Salud Pública
ACCIÓN DE PROTECCIÓN
Sociedad de Salud Pública exige el cumplimiento de la sentencia que deroga el decreto 645
El Colectivo 'Todos por la Vida' promovió el litigio constitucional
Lunes, 06 de mayo de 2024, a las 13:23
La demanda fue presentada por el colectivo ‘Todos por la Vida’ |
Redacción. Quito
La Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública (SESP) ha exigido públicamente el cumplimiento de la sentencia judicial que derogó el decreto 645 y por tanto se dejó sin efecto la reducción de impuestos a cigarrillos y bebidas azucaradas.
La Sala Especializada de la Familia, Niñez y Adolescencia y Adolescentes Infractores, de la Corte de Justicia de Pichincha ha aceptado un recurso de apelación (segunda instancia en la Acción de Protección No. 17U05202300018) y constató la “vulneración de derechos constitucionales que tutelan: a niñas, niños y adolescentes; al buen vivir; a una alimentación saludable; y, a la seguridad humana” con ese decreto.
En un comunicado oficial, la SESP ha informado que se sumó a la demanda legal “presentando argumentos sólidos basados en evidencia científica” que respaldaron al proceso legal.
Por lo cual han exigido a los organismos pertinentes, “den fiel cumplimiento a lo que dictamina la sentencia”, pero también han exhortado a las sociedades, organizaciones, academia y grupos de ciudadanos a mantenerse “alertas”.
En ese sentido han pedido se vele “por el cumplimiento de lo que la Ley y la Constitución nos garantiza en el derecho a la salud y la vida, considerando, que el más alto deber del estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos humanos que se establecen en nuestra Constitución”.
El gremio ha determinado que ese decreto, emitido por el ex presidente de la República Guillermo Lasso en enero de 2023, ha generado gran controversia debido a su impacto negativo en la salud pública de nuestro país.
Argumentaron que al reducir significativamente los impuestos a productos nocivos como el tabaco, el alcohol, las bebidas azucaradas, las fundas plásticas y las armas de fuego, se contravenía lineamientos, acuerdos, pactos nacionales e internacionales que promulgan la implementación de políticas públicas en salud que promuevan estilos de vida saludables encaminados hacia el buen vivir.
Diversas organizaciones de la sociedad civil, profesionales de la salud y ciudadanía en general han expresado el rechazo a ese decreto, argumentando que pone en riesgo la salud de la población, especialmente de los grupos más vulnerables.
