Edición Médica

Francisco Vallejo, director ejecutivo de ACESS.

Jonathan Veletanga. Quito
Hace pocos días, la Asociación de Ayuda Mutua ‘Martha Gutiérrez’ ha calificado de “indignante” el fallo de la jueza María Soledad Moreno de la Unidad Judicial Civil de Guayaquil, quien negó una acción de protección constitucional interpuesta por pacientes con tuberculosis, quienes fueron evacuadas del Hospital Neumológico Alfredo Valenzuela, tras su clausura temporal.
 
La asociación ha sostenido que la jueza consideró “que no hubo violación de los derechos constitucionales, a pesar de que las pruebas y testimonios claramente evidenciaban lo contrario”.
 
Ante estas declaraciones, REDACCIÓN MÉDICA ha conversado con Francisco Vallejo, director ejecutivo de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS), entidad que dispuso la clausura temporal del Hospital Neumológico por infracciones a la Ley Orgánica de Salud (LOS), tales como mal manejo de desechos desde la generación hasta el almacenamiento final, personal que en varios servicios no utilizaba prendas de protección, malas condiciones higiénico sanitarias en todo el establecimiento y presencia de plagas (ratas)”.
 
“La clausura del hospital Neumológico fue de acuerdo a lo que establece la ley, y este fue el argumento que nosotros demostramos a través de una exposición bien documentada. Esto también lo hizo el Ministerio de Salud Pública (MSP), y eso fue con lo que se concluyó el fallo inicial de la jueza, quien indicó que no se han violado los derechos constitucionales como se daba a conocer en la demanda”, ha dicho el funcionario de ACESS.
 
Según ha explicado, en el juicio se presentaron pruebas que ratificaron que hubo irregularidades en el cumplimiento de la normativa sanitaria, manejo inadecuado de desechos, existencia de plagas (ratas), y el cumpliendo del manual de bioseguridad.
 
“Además, se ratificó que la clausura se hizo de acuerdo a lo que manda el proceso, es decir, se informó al MSP para que ellos hagan la contingencia y todo lo demás”, ha agregado Vallejo.  
 
En este sentido, el funcionario ha sostenido que el ACESS actuó bajo el amparo de la ley y garantizando la seguridad de los pacientes; y que las personas que interpusieron la acción de protección constitucional “no tuvieron fundamentos para demostrar la vulneración de los derechos de los pacientes”. 

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